Se ha quitado la chaqueta de presidente del Gobierno para ponerse la de candidato que se somete a las urnas. A pocas horas del inicio de la campaña electoral del 28-A, Pedro Sánchez ha subido un grado de intensidad una de las operaciones más importantes de su campaña a la reelección: la de desmarcarse del independentismo. Este miércoles ha habido más reproches al independentismo que defensas del diálogo. Ha habido más "límites de la Constitución" que personas sentadas en la mesa de diálogo.
En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta, Sánchez ha hecho ver como si no conociera a los independentistas. La lealtad que reclamaba hace pocas semanas a la Generalitat ha quedado escondida en un cajón. Ha acusado a los miembros del Govern de "no actuar de buena fe" y de decir una cosa en público y otra en privado. "Les digo que den la cara y digan a la sociedad catalana que la independencia no es posible y que los han engañado", ha espetado.
Justamente la relación con los dirigentes independentistas es la que abocó a Sánchez a convocar elecciones anticipadas. En primer lugar, porque le tumbaron los presupuestos ante el bloqueo del diálogo. En segundo lugar, por la presión de la derecha en Colón, que sin cordones sanitarios a los ultras amenaza con implantar la vía andaluza en todo el Estado español.
La estrategia de los socialistas pasa ahora por desprenderse de cualquier compañero de viaje y ampliar al máximo su fuerza en el Congreso de los Diputados para depender el mínimo posible. Con una visión optimista de los resultados del CIS tendrían suficiente con Ciudadanos o Unidos Podemos para mantenerse en la Moncloa. Pero también señala que hay hasta un 38% de indecisos, una bolsa de votantes que puede hacer decantar balanzas. Y en la sala de máquinas de Ferraz prefieren ser más prudentes e ir a cada voto.
Sánchez es consciente de que Catalunya, en las urnas, puede penalizar. Y más cuando se defiende un diálogo que todavía no ha dado frutos en la resolución del conflicto. Por la figura de un relator se encuentra a las puertas de una campaña electoral.
¿Indultos?
Una prueba de lo que puede quemar la carpeta catalana es el asunto de los posibles indultos a los presos políticos catalanes en caso de condena. Ha salido en la entrevista y el presidente español no se ha mojado y ha vuelto a echar balones fuera. "No digo nada porque soy el presidente del gobierno", ha justificado. "Responderé a esa pregunta cuando proceda. Ahora hay que respetar la independencia del poder judicial y el principio de presunción de inocencia", se ha limitado a decir.
Este silencio le ha ido como anillo al dedo a Pablo Casado, que ha acusado al presidente español de "no descartar los indultos" a los líderes independentistas y ha avisado de que "hará lo que le pida Torra". Unos argumentos que, si no hay ningún giro inesperado en el guion, serán recurrentes durante las próximas dos semanas de campaña electoral.
La ocurrencia del día
La ocurrencia del día la ha vuelto a protagonizar Pablo Casado. En una entrevista este miércoles por la mañana en Onda Cero, ha insinuado que rebajará el salario mínimo de 900 euros a 850, como estaba antes de la subida acordada entre el PSOE y Unidos Podemos. Sería el primer presidente español que bajara el SMI; la tónica durante las últimas cuatro décadas ha sido la inversa: subirlo para equipararlo al entorno europeo.
Después del revuelo creado, el dirigente conservador ha tratado de deshacer el enredo. Ha acusado nuevamente de "fake news" y ha aclarado que lo que ha dicho es que se sentará con patronal y sindicatos tan pronto como llegue a la Moncloa, "como tendría que haber hecho Sánchez". Pero sus palabras en el programa de Carlos Alsina han sido muy claras: "Lo que haré es cumplir, ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones, la negociación a la que llegó el Gobierno [de Rajoy] con la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a 850 euros el año 2020".