Òmnium Cultural ha puesto en marcha los servicios jurídicos de la entidad para exigir medidas cautelares contra el rey emérito Juan Carlos I ante la "voluntad de fuga" que él mismo ha expresado al exiliarse.

La entidad denuncia que el rey emérito "se fuga del Estado español con la connivencia del resto de poderes del Estado" y con una querella criminal en su contra presentada por la entidad ante el Tribunal Supremo por corrupción y blanqueo. El anuncio de la Casa Real "ha hecho evidente la voluntad expresa del emérito para huir de territorio español" y lo considera una muestra más de la impunidad de que disfrutan los poderes del Estado con la monarquía al frente.

"La huida orquestada por los poderes del Estado pretende salvar impunemente y sin rendir cuentas un régimen caduco, corrupto y opaco. Òmnium exige a la justicia española que actúe de manera urgente e insta a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía, que depende del Gobierno, a tomar las medidas correspondientes en pro del interés público. El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha denunciado en un tuit "un jefe de Estado aplaudiendo la huida de un corrupto; de la impunidad han hecho carta de presentación al mundo. Por justicia, memoria y dignidad, ganemos un futuro sin súbditos ni borbones".

Y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha asegurado que "hace falta seguir presionando desde la sociedad civil para desenmascarar y debilitar los poderes del Estado y así seguir luchando por la República Catalana", mientras recordaba que "el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el resto de presos políticos sufrieron dos años de prisión preventiva bajo el pretexto de un supuesto riesgo de fuga". "Es el mismo Borbón quien admite la fuga y ante eso hay que tomar las medidas correspondientes urgentes", ha añadido.

Òmnium ya interpuso hace un mes ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el rey emérito por presuntos delitos que hacen referencia a la corrupción, como soborno, tráfico de influencia y negociaciones prohibidas a funcionarios; por fraude fiscal y estafa a la hacienda pública; y blanqueo de capitales. Precisamente, el Supremo ha designado a Manuel Marchena como magistrado competente para decidir si admite o no a trámite la querella presentada por Òmnium Cultural contra el rey emérito, el mismo juez que condenó a 9 años de prisión a Jordi Cuixart y a los otros presos políticos.