La Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat, que depende del departamento de Vicepresidencia, ha publicado este miércoles un nuevo informe en lo que denuncia "numerosas irregularidades" en la Operación Judas, que se saldó con la detención de nuevo CDR el pasado 23 de septiembre, siete de los cuales están todavía en prisión preventiva, y pide su liberación inmediata.

En el informe, este organismo del Govern denuncia que se vulneraran derechos de los detenidos, especialmente el de defensa, pero también que hubiera una filtración masiva del sumario a los medios de comunicación, así como también que se anularan los autos de prisión de cuatro de los detenidos y que al día siguiente se volvieran a decretar sin haber sido puestos en libertad. Además, critica que, a pesar de no acreditarse la existencia de explosivos durante los registros en el sumario, se los acuse de pertenecer a una "organización criminal".

También lamenta que los siete presos lleven dos meses encerrados en Soto del Real con las comunicaciones vigiladas y dos de ellos, incluso, en régimen de aislamiento. "Su prisión es injustificable e insostenible tanto jurídica como socialmente", afirma el texto, que también destaca que no hay riesgo de fuga ni ningún otro razonamiento que justifique su situación.

Con todo, acusan al Estado de "instrumentalizar" el delito de terrorismo "con finalidades políticas" y que se use "para criminalizar el derecho de protesta y el ejercicio legítimo de la disidencia política".

Por todo eso, piden la liberación de los siete detenidos, así como el restablecimiento de su "derecho al honor y a la propia imagen", que se investigue "la vulneración de derechos sufrida" y que se reprueben e investiguen las "filtraciones del sumario y la criminalización pública producida" a las 9 personas detenidas. También exijan "la no criminalización del movimiento independentista construido con ideales de lucha no violenta, y garantizar los derechos de expresión y de manifestación pacífica, así como el resto de derechos civiles y políticos".

 

La denuncia de la Oficina de Drets Civil llega justo el día siguiente de la presentación de JxCat, ERC y la CUP de una propuesta de resolución, que se tiene que votar en el pleno de la semana que viene, y en la que también se pide su liberación.