Después de los partidos, llegan las entidades. Algunas de las principales asociaciones españolistas ya han empezado a presentar sus solicitudes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para que se ejecute de manera forzosa la sentencia que impone un 25% de castellano en las aulas catalanas. Ciutadans y Vox ya se han lanzado a los tribunales esta semana para conseguirlo, y ahora ha llegado el turno de las entidades sociales, un paso que ha sido largamente esperado: las mismas organizaciones ya hace semanas que avisan de que tomarian este camino si el Govern no acataba la sentencia. Una vez acabado el plazo, de momento ya son tres las plataformas españolistas que se han presentado al TSJC: Asamblea por una Escuela Bilingüe, Hablamos Español y Convivencia Ciudadana.
Estas dos últimas organizaciones han tejido una estrategia conjunta para que se acate el 25%. De hecho, operan en cuatro frentes. El primero ya lo pusieron en marcha el lunes pasado: presentaron un recurso ante el TSJC en nombre del sindicato Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), ya que las familias con padres en este cuerpo policial se consideran víctimas de la inmersión lingüística. Hoy, además, Hablamos Español y Convivencia Ciudadana también han solicitado forzar la sentencia en nombre de las entidades españolistas, aunque reconocen que esta opción les ofrece menos confianza porque creen que el tribunal no los legitimará. Pero además, en los próximos días también pedirán aplicar la sentencia en nombre de las federaciones de AMPAs (lo cual garantizaría un 25% de castellano en toda una escuela) y en nombre de padres individuales (lo cual impondría el 25% de castellano solo en la clase del alumno concreto).
Por otra parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, principal plataforma dentro de Escuela de Todos (que engloba un total de 15 entidades unionistas, entre las cuales hay Sociedad Civil Catalana), ha dado este paso hoy mismo. Desde el AEB aseguran que ellos han liderado la ofensiva porque se ven legitimados para pedir que se acate la sentencia del 25%, ya que cuentan con el apoyo de 1.500 familias, según explican. "Nuestros estatutos hablan de la defensa del bilingüismo. Es lo que nos da legitimidad ante el juez", afirman. En este sentido, afirman que, como representan a numerosas familias afectadas, tienen derecho a exigir la aplicación forzosa del 25% de castellano.
Vox y Ciutadans ya han ido a los tribunales
El líder de la ultraderecha en Catalunya anunció este martes que han acudido al TSJC precisamente para pedir "la ejecución forzosa" de la sentencia. "Una vez más el gobierno de la nación hace absoluta dejadez de funciones y contribuye a la vulneración de derechos legítimos", ha dicho Ignacio Garriga. "Por eso llevamos al tribunal que se realicen todas las medidas necesarias y oportunas para la aplicación forzosa de la sentencia en todos y cada uno de los centros de Catalunya". Garriga también se ha referido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para amenazarlo con toda contundencia. El líder de Vox ha avisado de que, si persiste sin aplicar la sentencia del 25%, solicitará que se le impongan "multas coercitivas", y que impulsarán una querella por desobediencia contra el conseller. Además, también ha lanzado una advertencia a los directores de las escuelas e institutos, ya que la solicitud que han hecho llegar al TSJC también pide el "requerimiento personal" al personal directivo de los centros catalanes para que cumplan la sentencia.
Mientras tanto, el lunes Ciutadans reunió a los medios de comunicación en las puertas de la Fiscalía del TSJC. Carlos Carrizosa explicó el contenido de la denuncia. En total, los señalados son cinco: el mismo conseller de Educación; la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà; la abogada jefe de la Asesoría Jurídica del departamento, Susana Marin; el subdirector general de Plurilingüismo, Andreu Freixes; y la subdirectora general de la Inspección de Educación, Núria Martín. A todos ellos, Ciutadans los ve proclives a ser responsables de delitos de prevaricación "por el concierto que tienen para evitar que esta sentencia se aplique". Ahora bien, van más allá y avisan de que también podría añadirse más adelante el delito de desobediencia si no la atacan cuando se pida la ejecución del 25%. Según los naranjas, el viernes pasado transcurrió el plazo para cumplir la sentencia del 25% en las escuelas. "Ha acabado el plazo que dio el TSJC, y la conselleria no solo no se ha hecho nada para incumplir la sentencia, sino que se ha estado trabajando e impartiendo instrucciones y consignas para evitar que se cumpla".