Ciutadans vuelve a los tribunales. Los naranjas se han presentado este lunes en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para presentar una denuncia por lo que consideran un incumplimiento de la sentencia que dicta un mínimo de 25% de castellano en las aulas catalanas. Una denuncia que llega solo unos días después de que Esquerra Republicana, Junts, el PSC y los comuns presentaran en el Parlament un acuerdo que pretende proteger el catalán en las escuelas y superar precisamente la sentencia del 25%, aunque varios sectores del independentismo han cargado contra el pacto porque reconoce por primera vez el castellano como lengua vehicular. Ahora bien, Ciutadans no se da por satisfecho con esta medida, y es por eso que ha decidido judicializar el caso.
En las puertas de la Fiscalía del TSJC, Carlos Carrizosa ha explicado el contenido de la denuncia. En total, los señalados son cinco: el mismo conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray; la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà; la abogada jefe de la Asesoría Jurídica del departamento, Susana Marin; el subdirector general de Plurilingüismo, Andreu Freixes; y la subdirectora general de la Inspección de Educación, Núria Martín. A todos ellos, Ciutadans los ve proclives a ser responsables de delitos de prevaricación "por el concierto que tienen para evitar que esta sentencia se aplique". Ahora bien, van más allá y avisan de que también podría añadirse más adelante el delito de desobediencia si no la atacan cuando se pida la ejecución del 25%. Según los naranjas, el viernes pasado transcurrió el plazo para cumplir la sentencia del 25% en las escuelas. "Ha acabado el plazo que dio el TSJC, y la conselleria no solo no se ha hecho nada para incumplir la sentencia, sino que se ha estado trabajando e impartiendo instrucciones y consignas para evitar que se cumpla".
Carga contra Cambray, Aragonès y el Gobierno
"Para nosotros, la actitud de Cambray es absolutamente intolerable y se tiene que desterrar de la política catalana", ha avisado. "Ya estamos hartos de políticos que se posicionen siempre al margen de las leyes, y que violenten los derechos de los ciudadanos conscientemente". Es por eso que Carrizosa ha aprovechado la oportunidad de hoy para volver a exigir al conseller de Educación que dimita para "higienizar" la política catalana. Pero también ha lanzado un aviso al presidente Pere Aragonès: "La responsabilidad no es solo de Cambray. Es del presidente de la Generalitat, que es el responsable político".
E incluso ha ido más allá, acusando a también el PSC y el Gobierno central de Pedro Sánchez. "El Partido Socialista, el mismo Salvador Illa y el Gobierno de España son responsables, porque están llegando a un acuerdo para la lengua que pretende santificar estas conductas delictivas y la imposibilidad de que se ejerza el derecho de los niños a estudiar también en castellano". De hecho, ha tachado de "engañifa" el acuerdo entre ERC, Junts, PSC y comuns. "Es un pacto que busca salvar la cara al separatismo irredento que no quiere cumplir la sentencia".
"Ciutadans no busca judicializar"
Las declaraciones de Carrizosa también han dejado una afirmación sorprendente, que no concuerda con aquello que se ha visto en Catalunya durante los últimos años. El líder de los naranjas ha asegurado que "Ciutadans cuando denuncia no lo hace para judicializar las cosas". "Lo hace porque estamos hartos de que políticos en Catalunya se crean por encima de las leyes", ha dicho, y en este punto ha aprovechado para referirse al expresidente Quim Torra, que se ha desmarcado del acuerdo del catalán y ha indicado que él habría desobedecido la sentencia del 25%. "Claro, por eso está fuera de la Generalitat", ha concluido.
El PP se aparta de los tribunales y señala a Sánchez
Por otro lado, el Partido Popular también se ha expresado hoy sobre el acuerdo del Parlament, pero lo ha hecho en una línea diferente de la de Ciutadans. La diputada Lorena Roldán ha descartado llevar el caso a los tribunales porque "la responsabilidad no es de las familias, los partidos ni las entidades", ha dicho. Por el contrario, ha señalado directamente al presidente Sánchez: "Lo instamos a hacer su trabajo, a proteger los derechos de los alumnos y que no permita que el Govern decida saltarse la sentencia y no cumplir con la ley", ha subrayado. Y es que, para los populares, el pacto, lejos de reconocer el castellano, servirá tan solo para "arrinconar" esta lengua en las aulas.
¿Qué dice el acuerdo por el catalán?
El proyecto parte de la base que el catalán es "lengua propia de Catalunya", y "la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo". Pero la modificación incorpora por primera vez el castellano también como lengua que se utiliza a la escuela, y establece que serán los centros los que decidan el uso, teniendo en cuenta la situación sociolingüística: "También es usado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en el apartado 3". Este apartado 3 establece que para alcanzar el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria, la enseñanza de las lenguas oficiales "tiene que tener garantizada una presencia adecuada" en los currículums y en los proyectos educativos de cada centro. Con esta maniobra, la pelota pasa a manos de los centros y se evita hablar de porcentajes.