Los grupos parlamentarios del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado una proposición de ley para reformar en profundidad el Reglamento del Parlament de Catalunya con el objetivo de reforzar los deberes de los diputados y desplegar un régimen sancionador más claro, detallado y efectivo. El texto, estructurado en nueve artículos, supone un paso más en la regulación de la conducta parlamentaria y busca dar respuesta a episodios recientes de tensión y polémica dentro del hemiciclo. La reforma introduce, en primer lugar, una delimitación más precisa de los deberes de los diputados. Entre estos, se refuerza la obligación de mantener una actitud "ejemplar y respetuosa" y se explicita la prohibición de utilizar lenguaje ofensivo, vejatorio, discriminatorio o que pueda incitar al odio. También se hace hincapié en evitar conductas de acoso o señalamiento reiterado contra otros miembros de la cámara, una cuestión que hasta ahora no estaba desarrollada con tanto detalle normativo.
Los límites de las faltas leves, graves y muy graves
Uno de los ejes centrales de la proposición es la clasificación de las infracciones en tres niveles: leves, graves y muy graves. Las faltas leves incluyen expresiones inadecuadas o faltas de respeto puntuales; las graves, conductas reiteradas o manifestaciones que puedan vulnerar la dignidad de otros diputados o colectivos; y las muy graves abarcan situaciones de acoso sistemático o discurso claramente incitador al odio. En paralelo, el texto concreta el catálogo de sanciones. Estas van desde la amonestación pública —la medida más suave— hasta multas económicas que pueden oscilar entre los 600 y los 12.000 euros en función de la gravedad de la infracción. En los casos más graves, también se prevé la posibilidad de restringir temporalmente la participación del diputado en determinadas actividades parlamentarias, como delegaciones o representaciones institucionales.
La reforma también regula con más precisión el procedimiento sancionador. Se establece un sistema más garantista, con fases de instrucción, audiencia y resolución, y se refuerza el papel de la Mesa del Parlament como órgano competente para imponer sanciones. Al mismo tiempo, se dota de más peso a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que actúa como instancia de análisis y propuesta. Otro elemento relevante es la voluntad de elevar este régimen disciplinario a rango legal, con el objetivo de darle más solidez jurídica y evitar interpretaciones discrecionales. Fuentes parlamentarias subrayan que se trata de "clarificar reglas del juego" y garantizar un equilibrio entre la libertad de expresión de los diputados y el respeto institucional.
Un contexto marcado por la polémica
La iniciativa no se puede desvincular del contexto inmediato. Al día siguiente del registro de la proposición, la Mesa del Parlament acordó amonestar públicamente a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz de Vox, Joan Garriga, por haber vulnerado el código de conducta. Los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados concluyeron que ambos habían incurrido en una falta leve por no mantener una actitud respetuosa. En el caso de Orriols, por sus declaraciones contra la diputada de ERC Najat Driouech; en el de Garriga, tanto por sus palabras sobre Lluís Companys como por insultos dirigidos a los socialistas en pleno.
Aunque el marco actual permite sanciones económicas, la Mesa optó por la vía más suave e impuso únicamente una amonestación pública. Esta decisión ha sido interpretada por varios grupos como una muestra de las limitaciones del sistema vigente. Además, la comisión ha abierto nuevos expedientes a diputados de Vox por declaraciones similares, hecho que evidencia, según fuentes parlamentarias, la necesidad de disponer de un marco más robusto y disuasorio.
Con esta reforma, los principales grupos del Parlament quieren establecer un nuevo marco de convivencia dentro de la cámara, en el que la libertad de expresión continúe garantizada, pero con límites más definidos ante discursos de odio o actitudes que degraden el debate democrático. El objetivo final es evitar que se repitan episodios recientes y reforzar la credibilidad institucional del Parlament, en un momento en que el tono del debate político se encuentra bajo escrutinio.