No hay reunión del Consejo de Ministros que no empiece en La Moncloa y no acabe en el Tribunal Constitucional. Este viernes, el Gobierno ha decidido presentar dos incidentes de ejecución más al alto tribunal, en este caso contra una moción de la CUP que "incide en la voluntad de ejercer el derecho a la autodeterminación". Mientras tanto, el ejecutivo de Sánchez todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre la petición del PP, Ciutadans y Vox a la Asamblea de Madrid, que han pedido la ilegalización de los partidos independentistas. El presidente ha anunciado este viernes que lo estudiarían.

La moción fue tramitada por la Mesa del Parlament, el martes de la semana pasada, con los votos favorables de JxCat y ERC y con el PSC y Cs en contra. El documento registrado por la CUP expresa "la voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán". Al mismo tiempo, reivindica "la amnistía total para los represaliados", exige la "disolución de los cuerpos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra" y pide la cabeza del conseller Buch. Sólo se ha impugnado el primer punto.

El primer incidente de ejecución es contra el acuerdo de la Mesa del Parlament del 28 de octubre de admisión a trámite de la moción cupera. El segundo contra el acuerdo de la Mesa del 5 de noviembre que tumbó las peticiones de reconsideración de Ciudadanos, el PSC y el PP. Desde La Moncloa entienden que la Mesa debería haber paralizado la iniciativa.

La portavoz en funciones Isabel Celaá ha vuelto a advertir a la Mesa de la cámara catalana después de que haya admitido a trámite la moción de la CUP. "El presidente del Parlament, el secretario general y los otros miembros de la Mesa tenían pleno conocimiento que con su acuerdo estaban incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional", ha criticado la dirigente socialista. Ha denunciado que "su admisión a trámite manifiesta la voluntad de continuar con el proceso, su pretensión de conseguir la independencia." Delante de eso, ha defendido que "tenemos que preservar la eficacia de las resoluciones del TC".

El ministro de Política Territorial Luis Planas ha justificado la decisión de presentarlo ante el TC en plena campaña electoral, porque "son muy importantes". "Estamos hablando del respeto a la capacidad del Tribunal de interpretar la Constitución", ha sostenido Planas, que también ha aducido urgencia en el decreto que permite cerrar páginas web y redes sociales sin orden judicial.

Por su parte, la portavoz Isabel Celaá ha negado que con tantos recursos e impugnaciones estén colapsando el Tribunal Constitucional.

Torra debe garantizar el 10-N

Sobre la jornada electoral del domingo, Celaá ha explicado que el Ministerio del Interior está estudiando el despliegue de fuerzas de seguridad necesario en Catalunya, siempre en coordinación con los Mossos. "Será el adecuado para que el ejercicio del voto se haga con total garantía", ha asegurado. En este sentido, ha recordado "la Generalitat es responsable y debe acudir a su tarea de garantizar y normal ejercicio del voto para todos los ciudadanos".