Enésimo intento de Unidas Podemos, ERC, JxCat, PDeCAT, la CUP, EH Bildu, BNG, Más País y Compromís para que se cree una comisión de investigación al Congreso de los Diputados para investigar al rey emérito Juan Carlos I. Esta es una petición recurrente de todos estos partidos que nunca ha podido prosperar por el bloqueo en la mesa.

Los partidos exigen que se investigue "la trama vinculada a presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de altas instituciones y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con terceros países". Denuncian la posible "implicación de estamentos del Estado para el control de la información de los escándalos relacionados con el rey emérito y la posible operación de legitimación de la perpetuación de privilegios e impunidad de altos cargos del Estado".

En la exposición de motivos, los partidos explican que no paran de salir informaciones con relación a los presuntos escándalos relacionados con la Casa Real y, en particular, los negocios del rey emérito Juan Carlos y los presuntos movimientos efectuados por algunos estamentos estatales con el fin de "tapar estas conductas".

Los partidos hacen referencia al documental "Salvar al Rey" aparecido en la plataforma HBO que se basa en las conclusiones de una investigación periodística que ilustran, con declaraciones y pruebas materiales, "cómo los servicios secretos del Estado pusieron todas las energías para intentar controlar el flujo de información relacionada con los escándalos personales del monarca".

Los partidos alertan de los escándalos que afectan Juan Carlos I

Los partidos, basándose en este documental, hacen referencia a las presuntas amenazas, chantaje, espionaje y persecución de examantes del rey emérito, tal como algunas han denunciado en varias ocasiones. En el documental, también "queda acreditado como fue el CESID (actual CNI) quien espió al mismo rey".

Asimismo, recuerdan que el documental habla de los negocios paralelos del rey emérito, "incluso alguna información apunta que Juan Carlos I se amparaba en una prerrogativa otorgada para el exjefe del Estado, el dictador Francisco Franco, que le habría permitido cobrar comisiones con las compras de barril de crudo en países como monarquías árabes".

Los partidos denuncian que esta prerrogativa se habría impuesto a todas las reformas democráticas y habría permanecido vigente hasta su abdicación y al margen de su control. Los demandantes recuerdan que la fiscalía suiza investigó una cuenta bancaria del Banco Mirabaud, que tiene la su sede en un paraíso fiscal de las Bahamas. El gobierno de Arabia Saudí habría transferido 100 millones de euros del entonces rey saudí Abdul Aziz Al Saud hacia esta cuenta. El titular de la misma sería la sociedad instrumental panameña Lucum Foundation, de la cual sería beneficiar el antiguo jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón.