Nuevo expediente de la Comisión Europea contra España, ahora con amenaza de multa. ¿El motivo? El estado español persiste en el incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a tomar medidas para proteger el humedal de Doñana (Huelva, Andalucía). Delante de esto, el ejecutivo comunitario ha abierto este viernes un expediente de infracción contra España y ha avisado de que si en el plazo de dos meses no resuelve la situación estudiará elevar el caso de nuevo en la justicia europea para reclamar una multa.

"La Comisión Europea insta a España a que cumpla con rapidez y eficacia la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a los humedales de Doñana", ha señalado el ejecutivo comunitario. De hecho, Bruselas ha criticado que "no se ha garantizado una gestión sostenible de las masas de agua subterránea que alimentan los pantanales". Las autoridades españolas tampoco han actuado para "detener el posterior deterioro de los hábitats naturales protegidos en varios espacios Naturaleza 2000 designados por las autoridades españolas alrededor y dentro del parque nacional de Doñana", ha añadido.

La Comisión Europea da un plazo de dos meses

Este proceso de infracción ha empezado con el envío de una carta motivada en el estado español, después de que la Comisión Europea haya constatado que las medidas tomadas hasta el momento son "insuficientes" para corregir las irregularidades. Es una cosa que ha constatado después de meses de intercambios con las autoridades españolas y del análisis de la información científica disponible. "España tiene ahora dos meses para presentar sus observaciones", ha precisado la institución. Una vez examinadas estas observaciones, "la Comisión Europea podrá llevar de nuevo el caso ante el TJUE y pedir sanciones económicas para España". Con la mencionada carta formal de emplazamiento, el ejecutivo comunitario ha activado un expediente que ya apuntó el pasado febrero a la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooiker. Fink-Hooiker también envió una misiva a las autoridades españolas en la cual trasladaba su "profunda preocupación" y consideró "desconcertando" que el gobierno andaluz de Juanma Moreno contemplara la adopción de medidas que "agravarían la situación y pondrían en grave riesgo" el cumplimiento de lo que había dictado el tribunal de Luxemburgo.

El tribunal había dictado en junio del 2021 que España incumplía las directivas de Agua y Hábitats por no haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana. Entonces, la Comisión Europea ha sostenido que la sentencia del TJUE es "coherente" con el "fuerte compromiso" de Bruselas con "salvaguardar los valores naturales excepcionales de Doñana para las futuras generaciones europeas". Una idea que va en la línea de lo que defendía a la directora general de Medio Ambiente en la carta del pasado febrero, donde ya amenazaba de multas en España si no se corregía la situación.