Se impulsa una causa contra el independentismo catalán, mientras el Congreso de los Diputados ya ha empezado la tramitación de la ley de amnistía por los hechos del procés. El titular del juzgado de instrucción 16 de Barcelona ha elevado la investigación contra 9 excargos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque uno de ellos es actualmente diputado en el Parlament, y, por lo tanto, aforado ante el alto tribunal catalán. Es David Saldoni de Tena, presidente de la ACM de enero de 2018 a septiembre de 2019, y actualmente diputado en el Parlament y adjunto al secretario general y secretario de Política Municipal de Junts. El TSJC ya ha dado traslado de la exposición razonada del juez a la Fiscalía Superior de Catalunya para que informe si el alto tribunal tiene que admitir toda la causa de la ACM o solo a la persona aforada, según han informado fuentes del caso a ElNacional.cat. Paralelamente al ACM, el TSJC ha fijado juicio contra los republicanos Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la consejera de Cultura, Natalia Garriga, por la organización del 1-O el próximo abril.
El Tribunal Supremo, a petición de la Fiscalía, hizo reabrir la investigación a excargos del ACM, el junio pasado. El caso se remonta a 2019, cuando la Fiscalía presentó una querella por malversación de fondos, fraude y exacción ilegal. En concreto, la Fiscalía les imputa de haber financiado el viaje de alcaldes el noviembre 2017 a Bruselas -donde se hizo un acto de denuncia "por la persecución judicial al Govern", con la AMI- y otros gastos para el procés, que suman unos 727.946 euros. Durante la investigación, la policía española registró la entidad municipalista, presidida por Miquel Buch, y la empresa de Viajes Alemán. Los principales abogados de los encausados, Judit Gené y Rafael Entrena, denunciaron que se les había vulnerado derechos fundamentales porque la investigación se realizó de forma secreta, y en el 2021 la sección 7.ª de la Audiencia de Barcelona les dio la razón y reprochó al juez y a la fiscal Anticorrupción de haber vulnerado el derecho de defensa y el de la intimidad de los investigados. Dos años después, un tribunal, con Manuel Marchena de presidente, hizo reabrir la causa por la cual, según su opinión, se cerró "de forma anticipada, extemporánea e improcedente".
Un nuevo Estado
Además de Saldoni, los investigados por malversación de fondos son: Marc Pifarré Estrada, secretario general del ACM de octubre de 2011 en noviembre de 2019; Jaume Valls Tomás, entonces gerente del ACM; Elisabeth Ruiz López, ninguno de los servicios económicos del ACM en aquellas fechas; Albert Guilera Planas, entonces ninguno de los servicios jurídicos del ACM; Mireia Huerta Sala, responsable de Relaciones Institucionales e Internacionales del ACM desde julio de 2016 y de la Oficina de Fondo Europeos del ACM desde septiembre de 2021; Josep Montané Bombardó, jefe de prensa del ACM de octubre de 2012 en junio de 2018, y actualmente es jefe de prensa del grupo parlamentario de Junts; además de Ramón Llastarry y Josep Recadero, de la empresa Vectorcat.
La Fiscalía los acusa de desvío de fondo de la ACM desde el 2015 para "finalidades ajenas" a la entidad, como "crear estructuras que permitieran la celebración del referéndum independentista y llevar a cabo otras actividades vinculadas al procés". Detalla que podrían haber destinado 278.176 euros "a la creación de estructuras que permitieran la celebración de un referéndum y la creación de un nuevo Estado, fuera de las vías legales". Además, 92.500 euros en cheques al portador, "siempre por debajo de los 3.000 euros para evitar su fiscalización"; otros 93.639 euros para pagos de cargos públicos o partidos políticos; más 144.083 euros para pagos a bufetes y servicios legales; 5.030 euros para pagos a la Asociación Internacional de Tiro; 11.644 euros "para viajes de apoyo a la causa independentista; 4.087 euros más "para la promoción del referéndum ilegal del 1 de octubre", según la fiscal, y otros 108.758 euros para pagos internacionales supuestamente relacionados con la causa independentista.
En la querella, la Fiscalía también sostiene que hay indicios que "de forma irregular se constituyó la empresa Vectorcat por miembros de la ACM para hacerse cargo del proceso de intermediación en las licitaciones de la entidad en sustitución del Consorcio Catalán del Desarrollo Local (CCDL)".