Nueva polémica en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab). Abogados catalanes consideran una provocación que se invite al presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena a una conferencia en el Icab, ya que es el presidente y ponente de la sentencia que condenó por sedición, con excesivas penas de prisión, a los líderes independentistas catalanes, en octubre del 2019. La conferencia, bajo el título Inteligencia artificial y proceso penal, se ha programado para el próximo lunes, 4 de julio, en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona, y se prevé que se organice algún acto de protesta. La conferencia será presentada por el presidente de la sección de Derecho Penal del Icab, el abogado Miguel Capuz.


🔴 Protestas por la visita del juez Manuel Marchena a la Abogacía de Barcelona | DIRECTO
 

Desde la sección de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona se expone que el tema escogido es de actualidad, tanto con respecto a los casos penales como en las responsabilidades civiles futuras, y que se tendrá que legislar para regularlo. ¿Se podría haber escogido otro ponente? Sí, se admite desde la sección, pero se añade que, al final, todos los recursos de casación sobre inteligencia artificial recaerán en la sala que preside el juez Marchena y, por lo tanto, -indican- será interesante conocer su opinión. Además, el juez Marchena ha dado ya conferencias sobre este ámbito innovador, uno de ellos el 6 de junio en el Parlamento de Canarias, de donde él es originario, bajo el título: Inteligencia artificial y proceso penal: ¿Hacia una justicia robótica? También se recuerda que en hacerse pública la sentencia del procés, desde la sección de Derecho Penal se convocó una conferencia y se invitó a abogados de los políticos catalanes en el Supremo, como Jordi Pina (que dimitió de la junta del Icab) y Olga Arderiu.

Garantizar la libertad de expresión

Por su parte, la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona, con su decano, Jesús Sánchez, ha informado este martes de que las direcciones de las secciones y comisiones son elegidas por todas las personas colegiadas adscritas a las mismas y tienen plena autonomía para organizar conferencias y actos de formación con la participación de juristas y expertos acreditados. "El Colegio es y será siempre garante de la pluralidad de pensamiento y la libertad de expresión", se sostiene desde el Icab. Y añade que "la Junta de gobierno del Icab no censura ni veta la presencia de juristas que puedan compartir su pericia", y que, al mismo tiempo, "la junta respeta la opinión de la abogacía que expresa su conformidad o disconformidad con cualquiera de las múltiples sesiones formativas que el ICAB organiza a lo largo del año".

Boye y Puigdemont, en el Icab

El Colegio de la Abogacía de Barcelona pone como ejemplo de la libertad de expresión que defiende, que recientemente la junta de gobierno aprobó por unanimidad acoger una conferencia del abogado Gonzalo Boye, con motivo de la presentación de su nuevo libro y en el cual se preveía una conexión con el president Carles Puigdemont, en el exilio desde el otoño del 2017 por impulsar el procés independentista. El acto, al final, se realizará en otro espacio. El Icab también ha aclarado que el acto será presencial, es decir, que el juez Marchena vendrá a Barcelona y que la conferencia estará abierta a todos los abogados, estén o no colegiados en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, pero que estará cerrado a los medios de comunicación porque es un acto de formación de la abogacía. Sin embargo, abogados no colegiados en Barcelona han asegurado que tienen problemas para inscribirse y el sistema no se lo permite.

Rechazo al fiscal Zaragoza

La polémica ya se hizo oír en la abogacía de Barcelona, cuando la sección de Derecho Penal invitó al fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza para debatir sobre la enésima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la fiscalía dirija la investigación, como tiene la mayoría de países europeos y que en el Estado español se suspende a última hora. En aquel caso, la Comisión de Dones Advocades del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) anunció que abandonaba el Congreso de la Abogacía de Barcelona porque participaba el fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza. La Comisión de Dones Advocades seguía así el camino que también anunció  la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía del ICAB, que argumentó que no participaría en el congreso porque Zaragoza representa "la máxima expresión y la punta de lanza de la represión del Estado contra los ciudadanos de Catalunya y su gobierno". En aquel caso, el colegio, con su decana Maria Eugènia Gay, emitió un comunicado en que defendía la libertad de expresión y respetaba la invitación de juristas competentes.

La polémica con Roger Torrent

Dos años antes, el 23 de febrero de 2018, también se vivió una situación excepcional en el Colegio de Abogados de Barcelona, en un acto de conmemoración de los 50 años de ejercicio de abogados. El entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, pronunció un discurso y criticó que existan "presos políticos", hecho que provocó que la entonces decana a Gay lo riñera con uno "así, no presidente", vídeo que se hizo viral, y que el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, y el fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, se levantaran del acto en señal de protesta.  Recientemente, esta escena fue calificada por el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Ramon Sáez Valcarcel, como motivo para recusar Barrientos, además de unas declaraciones, en el caso del recurso del president Quim Torra, que la mayoría del tribunal descartó. Ahora, Torrent, a través de su abogado Andreu Van den Eynde, ha recusado Barrientos por falta de imparcialidad y haber expresado rechazo a su ideología, la independentista, hecho que ha provocado que se reúna una sala especial por resolver esta recusación, y que puede retrasar el juicio contra Torrent y miembros soberanistas de la Mesa del Parlamento por desobediencia al TC, prevista para mediados de julio.

La confrontación política también está presente el año 2016, cuando el TSJC expulsó el Consell de la Advocacia Catalana del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir al considerar que "vulnera la libertad ideológica, de expresión y de asociación de los colegiados". En la sentencia, el tribunal contencioso-administrativo afirmaba que con el pacto "se rompe la neutralidad ideológica o política que se espera de un colegio profesional", donde como en el caso de la abogacía, estar colegiado es obligatorio para poder ejercer.