El pasado 12 de abril, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau aprobó el nuevo Decreto de ordenación de las medidas alternativas sustitutorias de las sanciones. Transcurrido el trámite de alegaciones, el Boletín Oficial ha procedido ahora a su publicación. Una nueva ordenanza que llega a hacerse efectiva después de un verano donde el foco mediático se ha centrado precisamente en cuestionar las políticas de seguridad de la ciudad. Así pues, a partir de ahora, las personas que realicen infracciones administrativas pueden sustituir el pago de la sanción económica por medidas alternativas, no remuneradas, con la finalidad de sensibilizar aquellos que hayan cometido infracciones sobre las normas de conducta y de convivencia de la ciudad.
Dentro del abanico de medidas alternativas encontramos la mediación, tareas educativas, prestación de servicios en beneficio de la comunidad o cualquier otra actividad fruto del acuerdo entre la persona infractora y el Ayuntamiento. De esta manera, se incrementan un 38% las infracciones administrativas que se podrán sustituir por estos servicios.
Dentro de la tipología de infracciones también se incluyen las de carácter grave o muy grave. Y pueden optar aquellos que hayan cometido más de un delito si de la última infracción han pasado, como mínimo, doce meses. Las únicas sanciones que no podrá sustituirse la multa económica por una medida alternativa serán: las deudas tributarias, los de régimen disciplinario del personal al servicio del Ayuntamiento, las sanciones ligadas a tráfico y seguridad vial y los de contratos del sector público y de mercados.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona argumentan este cambio con el fin de "promover una cultura de justicia restaurativa y evitar que las personas más vulnerables acaben en una situación de más vulnerabilidad a causa de las sanciones".