Nueva bofetada al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. La Fiscalía del tribunal recurre la decisión del juez que acusa al president Puigdemont y Marta Rovira de terrorismo por el caso Tsunami de reabrir una investigación por los homenajes a presos de ETA cuando salieron de la prisión (ongi etorri). El juez reconoció que había revisado la causa para tomar esta decisión y que lo hacía a propuesta de Dignidad y Justicia, una asociación presidida por un diputado del Partido Popular.
Reapertura "fuera de plazo"
El fiscal Carlos García Berro explica que la solicitud de diligencias que llevó a la reapertura del caso la hizo Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, y la hizo fuera del plazo, según explica El Diario.es. Además, considera que pretenden "realizar una suerte de inquisición territorial contra todo aquello relacionado con el colectivo de presos de la extinguida banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen."
La fiscalía subraya que los homenajes a presos de ETA vulneraron "gravemente la dignidad" de las víctimas del terrorismo de "forma sistemática". "Para esta restauración de la dignidad de las víctimas del terrorismo de ETA hace falta que se dé por concluida la instrucción y podamos avanzar en la tramitación de la causa hasta el acto del juicio oral y el dictado de una sentencia reparadora", dice la fiscalía de la Audiencia. "Todos los esfuerzos argumentativos de los unos y los otros y el afán para alargar la instrucción cabe en ningún sitio alejado de los fines de la Justicia y del interés de las víctimas se convierten inútiles", asegura el fiscal García-Berro.
García-Castellón amplió la semana pasada el plazo de la instrucción hasta el 29 de julio de este año y ordenó a Telegram que informara sobre la titularidad de tres canales "donde se imparten directrices e instrucciones sobre varias cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA". El instructor también hace referencia a dos investigados, en los cuales se les ha intervenido su teléfono durante su detención en junio del 2021. Se trata de Carlos Saez de Erguilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro. Además, el juez de la Audiencia Nacional asegura que están suscritos a estos canales de Telegram.
El fiscal ha decidido recurrir la decisión delante de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior a García-Castellón, a cuyos magistrados dice del juez instructor: "Ni se imparten directrices e instrucciones ni la actividad desplegada en este medio de comunicación social [Kalera.info] es constitutiva de actividad criminal de ningún género". "De ampararse esta imprudente línea de investigación –añade– estaríamos incurriendo en una investigación prospectiva".