La ministra de Hacienda, Maria José Montero, ha advertido este jueves que a pesar de la ausencia de los representantes de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su ejecutivo no establecerá una negociación bilateral sobre financiación con el Govern y supeditará los acuerdos a los ámbitos multilaterales.

La ministra ha hecho estas manifestaciones en rueda de prensa y después de que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, y haya enviado una carta donde lo urge a convocar "el más bien posible" la comisión bilateral de asuntos económicos. "No habrá negociación bilateral fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha apuntado después de oír|sentir también las quejas del resto de gobiernos territoriales, que recelan de cualquier hipotético trato de favor a Catalunya que pueda surgir de la relación directa entre la Generalitat y el gobierno español.

A la reunión de este jueves, el gobierno español ha puesto sobre la mesa los nuevos objetivos de déficit marcados por su ejecutivo entre 2019 y 2021, donde aumenta en dos décimas el umbral máximo del déficit del 2019 (del 0,1% al 0,3%), una décima más para 2020, hasta el 0,1% y fija la obligación de obtener equilibrio presupuestario en 2021. En total, esta flexibilización implica que los territorios dispondrán de 2.400 millones de euros más en 2019, más de 400 para Catalunya.

Montero también ha informado de las tareas de preparación de la reforma del sistema de financiación que el ejecutivo español no aprobará esta legislatura pero que quiere empezar a configurar. Su intención es abrir "las negociaciones oportunas" y presentar "las propuestas pertinentes" para "promover los consensos necesarios" para llevar a cabo la reforma. Con todo, la ministra ha insistido de la "importancia del diálogo multilateral en materia de financiación con todas las comunidades autónomas".

El gobierno español tiene intención de poner en marcha un grupo de trabajo para la reforma del sistema que según el Ministerio introducirá "mejoras" para hacer un modelo "más solidario y equitativo". El primer objetivo: estudiar la insuficiencia financiera de las comunidades y proponer posibles soluciones, según una nota que ha emitido el Ministerio.