Cerca de un centenar de municipios catalanes con urbanizaciones sin legalizar han decidido unir fuerzas para reclamar a la Generalitat cambios normativos que faciliten la resolución de déficits urbanísticos que, en muchos casos, se arrastran desde hace décadas. Los ayuntamientos denuncian que estas zonas sufren carencias en servicios básicos como el alumbrado, el alcantarillado o el asfaltado, mientras la legislación actual dificulta el acceso a subvenciones e instrumentos de financiación que permitirían afrontar las inversiones necesarias. Por ello, reclaman nuevas vías de ayuda, incluidas líneas específicas a través del Institut Català de Finances (ICF), para abordar una problemática que afecta a numerosas urbanizaciones nacidas durante el boom de las segundas residencias de los años cincuenta y sesenta.
La plataforma impulsada por los ayuntamientos ya agrupa aproximadamente a un tercio de los alcaldes de los casi 300 municipios catalanes que tienen urbanizaciones sin legalizar. En Catalunya hay más de 1.500 urbanizaciones y se estima que unas 700 presentan carencias en infraestructuras básicas, una problemática especialmente concentrada en las comarcas de Barcelona, donde se localizan cerca de 400. Con el objetivo de coordinar demandas y presionar a las administraciones, varios alcaldes se han reunido este jueves en Palau-solità i Plegamans, en una iniciativa liderada por el alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, Albert Pla. Entre los primeros resultados está el compromiso de crear una mesa de trabajo bilateral entre la Generalitat y los ayuntamientos. "Han pasado los años y normativamente no se ha sido valiente desde las administraciones", lamentan los impulsores.
"Esta ley no es justa"
Los alcaldes explican que la realidad social y económica actual hace inviable exigir a los vecinos que asuman en solitario el coste de adaptar estos entornos a los estándares urbanísticos exigidos por la ley. Pla señala que muchas de estas urbanizaciones siguen teniendo carencias en servicios básicos y que, incluso allí donde las infraestructuras existen, a menudo requieren una renovación integral. "Esta ley no es justa y trabajamos juntos para modificarla", afirma.
A pesar de las críticas al marco legal actual, los alcaldes insisten en que el objetivo no es señalar responsables, sino encontrar soluciones que permitan desencallar una situación enquistada. “Queremos la mejor financiación posible para que la losa que la normativa pone sobre los hombros de los vecinos sea la menor posible o inexistente”, ha defendido Pla. Los alcaldes prevén celebrar en julio la primera reunión de la nueva mesa de trabajo con la Generalitat, donde plantearán medidas como la creación de líneas específicas de financiación y la elaboración de un plan director urbanístico para urbanizaciones que fije criterios homogéneos para abordar la problemática.