Sumar ha puesto sobre la mesa una propuesta para prohibir "totalmente" la contratación de empresas como Desokupa. La formación considera necesario castigar a cualquier sociedad que tenga la finalidad de desalojar personas mediante mecanismos de presión extrajudicial. Por eso quiere imponer multas de entre 30.000 euros y 600.000 euros a las empresas que ofrezcan este tipo de servicios. "Son emprendidas que operan sembrando el miedo y la intimidación, y actuando como requesones a sueldo", dice la portavoz de la formación al Congreso, Verónica Martínez. Aunque el Código Penal ya sanciona muchas de las conductas utilizadas por este tipo de empresas —como coacciones, amenazas o extorsión—, la experiencia práctica demuestra que estas figuras delictivas "no son suficientes para impedir que estas estructuras mercantiles sigan actuando con aparente legalidad".
A través de una enmienda a la proposición de ley para regular los alquileres de temporada, han propuesto una disposición adicional a la Ley de Arrendatarios Urbanos que para prohibir de manera "expresa, completa y sin excepción" la constitución, promoción, funcionamiento y contratación de empresas o personas que ofrezcan estos servicios.
Empresas como Desokupa vulneran "gravemente" derechos fundamentales
El partido liderado por Yolanda Díaz subraya que empresas del estilo de Desokupa operan al margen de la ley, ejerciendo las funciones reservadas por el poder judicial y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Además, señalan que vulneran "gravemente" los derechos fundamentales de los ocupantes, como el de la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la integridad física y moral. Sumar añade que estas empresas actúan bajo un discurso que deslegitima a aquellos que viven en una vivienda sin título legal sin entender las causas que los han movido a hacerlo, y promueven un modelo de "seguridad probada al margen de la ley" que mina los principios básicos del estado de derecho y la garantía judicial efectiva.
Inhabilitaciones para los desempleadores
Aparte de las multas en las empresas, Sumar también exige que se inhabiliten las personas involucradas en estas acciones a fin de que no puedan ejercer nunca más actividades relacionadas con el sector inmobiliario, la seguridad o la vigilancia, durante un periodo de entre siete y diez años. También plantean que no puedan trabajar en el sector público durante este mismo espacio de tiempo. En caso de que se produzcan delitos como coacciones, amenazas o allanamiento de morada, se pide que se actúe siguiendo el Código Penal.