El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha ordenado una auditoría a los servicios de información de la Generalitat para comprobar si se extralimitaron en sus competencias antes de la intervención estatal. La investigación dedicará una "especial atención" a los sistemas gestionados por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
Montoro, que encarga que se lleve a cabo un "análisis forense" a través de una empresa externa, lo hace como responsable de la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, incluida dentro del departamento de Presidencia de la Generalitat. El ministro adquiere estas competencias a partir la aplicación del artículo 155 que supuso la intervención de las instituciones catalanas.
El colectivo ServidorsCat, formado por trabajadores de la Generalitat que denuncian los "daños" del 155 a la administración, ha hecho público el documento firmado por Montoro en Madrid el 30 de noviembre y dirigido a Joan Angulo, director del CTTI. El ministro da 20 días al centro para que prepare el contrato para la empresa auditora.
En el documento, se defiende la necesidad de este análisis por las "dudas suscitadas sobre si la gestión y financiación de las infraestructuras y sistemas informáticos" catalanes corresponden "al ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas".
No es la primera vez que se señala al CTTI en medio del proceso político y judicial de los últimos meses. A finales de octubre, la Guardia Civil registró el centro en la investigación sobre el referéndum del 1-O. Por otra parte, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acusó al Govern de haber utilizado este y otros organismos públicos de manera "ilegal" y haberlos puesto "al servicio de los intereses secesionistas".