El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, amplía las medidas de control sobre el gasto de la Generalitat, en virtud de un acuerdo que la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos aprobó el mismo día de las elecciones, el 21-D, amparándose en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Desde este miércoles, los nuevos controles sustituirán los que se aprobaron en septiembre para controlar las finanzas, que quedan sin efecto en los próximos días. A partir de ahora el interventor tendrá que dar, como mínimo una vez al mes, una lista de pagos mensuales a proveedores de servicios básicos acompañada de un certificado que diga que "no se está financiando ninguna actividad no amparada por la ley".
Además, cualquier operación de endeudamiento de la Generalitat o sus entes públicos deberá tener la autorización del Consejo de Ministros y cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o servicios a la Generalitat tendrá que adjuntar una declaración responsable para que quede constancia de que estos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales.