El pasado 9 de diciembre, en una primera regularización, Juan Carlos I pagó hasta 678.393,72 euros a Hacienda, previamente defraudados al fisco español por las tarjetas black. El jueves pasado, en una segunda regularización fiscal, pagó hasta 4,4 millones de euros por los viajes y servicios asumidos por la Fundación Zagatka. Antes, la Agencia Tributaria no ha movido un solo dedo para investigar al rey emérito. Ante las acusaciones de inacción, que vienen incluso del mismo socio pequeño de La Moncloa, el Gobierno ha querido salir a desmentirlo. La portavoz María Jesús Montero ha asegurado que "es falso" que Hacienda tuviera conocimiento del dinero defraudado por el anterior monarca y que le haya protegido de posibles investigaciones y actuaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, preguntada sobre la cuestión, la también ministra de Hacienda ha entonado un "Hacienda somos todos". En este sentido, ha subrayado que "a efectos de la ley, todos los contribuyentes son iguales". Dicho esto, ha rebatido que las "insinuaciones" de estos días en esta dirección "nada tienen a ver con la realidad". Ha defendido que la Agencia Tributaria es "absolutamente profesional" y que "responde única y exclusivamente a criterios técnicos". También ha dejado claro que Hacienda, como en todas las investigaciones, colabora con la Fiscalía. A partir de aquí, "no ha añadido nada más" sobre esta cuestión.

 

La portavoz del ejecutivo, y en contra de los posicionamientos de Unidas Podemos, se ha querido adherir específicamente a las palabras de Pedro Sánchez el viernes pasado. "Lamentamos profundamente estas informaciones, tenemos el mismo rechazo social que el conjunto de la sociedad," ha asegurado la dirigente socialista. Imitando al presidente español, ha cerrado filas con el actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, que "cortó de forma abrupta con cualquier vinculación con este tipo de situaciones". En este contexto, ha subrayado como "incluso ha renunciado a posibles herencias".

Justamente el principal crítico a la inacción de las instituciones del Estado se encuentra en el Consejo de Ministros: Unidas Podemos. La portavoz de la formación, Isa Serra, disparaba ayer contra Hacienda, el Tribunal Supremo y la Fiscalía pot no hacer nada ante las informaciones que aparecían. Hoy, en un mensaje en su cuenta de Twitter, el partido de Pablo Iglesias remachaba la advertencia: "Que no cuenten con nosotros para semejante blanqueo de la corrupción de la monarquía".

Apoyo a los Mossos

Con respecto a los disturbios durante las manifestaciones pro-Hasél, que se concentran sobre todo en Barcelona, el Gobierno ha querido reiterar su "más firme condena a los actos violentos". En este sentido, Montero ha advertido que "no hay ninguna democracia llena si hay esta violencia", y ha cargado contra los violentos: "Los que reclaman aparentemente el derecho a la libertad de expresión no pueden ejercerla limitando la libertad de los demás a través de métodos violentos". Ha aprovechado para expresar su "apoyo firme" a los Mossos d'Esquadra, con quien, ha subrayado, el Ministerio del Interior trabaja de forma coordinada para "mantener el orden público".

Los vetos del CGPJ

El acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial parecía inminente la semana pasada, pero el PP se acabó levantando de la mesa de negociación vetando los nombres más próximos a Podemos para el órgano de gobierno de los jueces. María Jesús Montero ha denunciado desde La Moncloa la actitud "obstruccionista" de los populares. La dirigente socialista ha advertido que "los vetos tienen un límite" y ha recordado que "el Gobierno no ha ejercido ningún tipo de veto a los candidatos que ha puesto sobre la mesa el PP". Por todo esto ha pedido a Pablo Casado que "favorezca el ejercicio de todas las instituciones del Estado, de cumplir con la Constitución y con la democracia".

Un 8-M diferente

A pesar de aprobar una declaración institucional para el 8-M, la portavoz del Gobierno ha advertido que "no es momento de concentraciones masivas" sin las distancias de seguridad. "Hace falta celebrar y reivindicar el feminismo con voz alta y clara, pero sin poner en riesgo ni en duda la seguridad ni la salud de nuestros compatriotas", ha sostenido la ministra socialista. Si bien "la celebración será distinta", no será "menos reivindicativa". La Moncloa hace suyas las demandas del movimiento feminista y se compromete a "convertir estas reivindicaciones en políticas útiles y reales".

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