El caso del president Carles Puigdemont no vincula al Gobierno. Al menos este es el mensaje que trasladan desde La Moncloa, al día siguiente que la justicia italiana haya suspendido su proceso de extradición. Mientras Pablo Casado los acusa de influir en las decisiones de la justicia europea con sus medidas, como el indulto a los presos políticos, el gobierno central no se mueve de su mensaje: "respeto" a todas las decisiones judiciales. Y nada más que eso.

De hecho, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, se ha preguntado a la portavoz Isabel Rodríguez si hacían algún tipo de reflexión después de que tres jurisdicciones europeas diferentes hayan frustrado las intenciones del juez Pablo Llarena. Pero la dirigente socialista se ha limitado a decir que "respetan la justicia, los tribunales italianos, el tribunal europeo y la justicia española". En este sentido, ha señalado que "es evidente que hay discrepancias jurídicas", pero que donde se tienen que resolver está en este ámbitos, los judiciales, y no los ejecutivos.

Rodríguez ha aprovechado la ocasión para responder al líder de la oposición, Pablo Casado, después de que los haya acusado de desinterés en la extradición. La portavoz del gobierno central ha criticado que se encuentra en una "fase de destrucción", como demostró durante la convención estatal del PP. "Ya demostró durante toda la semana pasada que no ofrece ninguna alternativa a este país, no tiene un proyecto para España y ha perdido cualquier sentido de estado", ha denunciado. Y ha remachado: "Él que siga en esta fase de destrucción, que mientras él predica el desmantelamiento del Estado del bienestar este gobierno seguirá trabajando para construir una España mejor, para una recuperación justa, para el mantenimiento de las pensiones, y para alcanzar la recuperación que todos deseamos", ha concluido.

Presupuestos

Las posiciones estaban alejadas, pero Pedro Sánchez ha convocado a cuatro ministros antes de la reunión del Consejo de los martes. Han asistido Félix Bolaños y María Jesús Montero por parte del PSOE y la vicepresidenta Yolanda Díaz e Ione Belarra por parte de Unidas Podemos. En este encuentro, han conseguido cerrar un doble acuerdo, ya definitivo. El primero, el acuerdo para los presupuestos del Estado, se aprobará este mismo jueves en una reunión extraordinaria del Gobierno este jueves. El segundo, para una ley de vivienda, irá para más adelante, "en las próximas semanas", sin más concreción.

Este anteproyecto de presupuestos, según ha confirmado el ministro Félix Bolaños, incluirá un mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las grandes empresas, como reclamaba Unidas Podemos. El titular de Presidencia ha recordado que se adapta al "consenso internacional", como la OCDE, y que eso no quita que más adelante se aborde una reforma fiscal, que en estos momentos está estudiando un comité de expertos. El proyecto de cuentas públicas también incluirá la ayuda de 250 euros mensuales en el alquiler de jóvenes de 18 a 35 años con bajos ingresos. El ministro ha prometido diálogo con todos los grupos parlamentarios para incorporar aportaciones y enmiendas. A través de estas cuentas se vehicularán 25.000 millones de euros de fondos europeos.

Ley de vivienda

La ley de vivienda irá para más adelante. De hecho, ya fue uno de los acuerdos para los presupuestos del 2021 y todavía no se ha conseguido tirar adelante. El proyecto contemplará un sistema de bonificaciones fiscales para las personas físicas que dispongan de pisos de alquiler, que podrán llegar hasta el 90%. En el caso de las personas jurídicas, no aplicarán las bonificaciones pero sí ciertos topes, todavía por concretar. "La ley de vivienda garantizará el derecho a una vivienda digna y pondrá el foco en los colectivos vulnerables", ha defendido Félix Bolaños. No obstante, no se ha atrevido a poner una fecha para su aprobación en Consejo de Ministros.