La insistencia de Pablo Llarena para perseguir a Carles Puigdemont no afecta a la "desjudicialización". Eso es lo que aseguran fuentes del Gobierno que, después de ver que el juez del Tribunal Supremo persiga al presidente de la Generalitat en el exilio por los delitos de desobediencia y malversación afirman que hay que mantener la estrategia de La Moncloa respecto del conflicto político con Catalunya. Así pues, desde la yema del ejecutivo de Pedro Sánchez se admite que acusar de delitos "penados con prisión e inhabilitación entre 15 y 20 años" no es una persecución blanda, pero que al mismo tiempo no pone en cuestión la manera que tiene el Gobierno de relacionarse con Catalunya.
De la misma manera, estas fuentes explican que La Moncloa no tiene ninguna intención de iniciar un "choque" con Llarena y la Fiscalía, que ha sido todavía más dura que el presidente del Tribunal Supremo en las aspiraciones para castigar a Carles Puigdemont. El análisis que se hace desde la sede del Gobierno es que ya se ha hecho una "armonización" del Código Penal con países europeos del entorno y que, por lo tanto, ahora ya queda en manos de los profesionales de la justicia qué interpretaciones hacen de estas nuevas leyes.
Ahora bien, no hay que olvidar las declaraciones que ha hecho este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha insistido que la actuación de la justicia demuestra que hechos como los del otoño del 2017 en Catalunya siguen siendo delito. "No se han despenalizado" hechos como los del 1-O, ha reiterado la también ministra de Política Territorial. Asimismo, ha reiterado el "respeto" por las decisiones de los tribunales españoles. Dicho esto, Rodríguez ha vuelto a hacer uso del argumentario sobre que la situación política en Catalunya es actualmente mucho mejor que la del 2017. "Se ha reconducido la situación", ha dicho.
El jueves pasado, el Tribunal Supremo informó de que el magistrado Pablo Llarena mantenía el procesamiento a Carles Puigdemont por los delitos de desobediencia y malversación de fondos. Ahora bien, sí que le retiraba el delito de sedición y no le sustituía por su sucesor en el Código Penal: el delito de desórdenes públicos agravados. En cambio, este martes la Fiscalía ha salido al ataque y ha endurecido las peticiones de Llarena. El ministerio público ha pedido que se procese al presidente de la Generalitat en el exilio por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Considera que los hechos que se incluyen en el procesamiento "encajan plenamente" en este delito, aunque "la tipicidad de este no agota a todo el desvalor antijurídico de las conductas imputadas a Puigdemont, Comín y Ponsatí". Y por eso, aseguran que hay que incluir su orden de detención e ingreso en prisión.
El Gobierno celebra la asistencia de Aragonès en la cumbre
Por otro lado, no hay novedades en Madrid respecto a qué valoración se hace de la cumbre hispano-francesa en Barcelona, en relación con el rechazo que ha generado en el independentismo. Esquerra Republicana se manifestará en contra del encuentro entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, pero, en cambio, Pere Aragonès participará en la cumbre. El Gobierno se niega a opinar sobre las posibles contradicciones de este hecho, y las mismas fuentes se limitan a destacar que lo más importante será la asistencia del president de la Generalitat.