Ante el caso de la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar, dos mensajes desde el Gobierno. El primero, que hay que cumplir el 25% de castellano impuesto cautelarmente por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El segundo, que "rechazan y condenan cualquier acoso", como el que habría sufrido la familia del niño de P5 de este centro escolar. De hecho, la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray para ofrecer "toda la colaboración" para evitar este tipo de situaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, la portavoz del ejecutivo central, Isabel Rodríguez, ha querido expresar su "rechazo y condena a cualquier situación de acoso que se pueda producir", tanto en el municipio maresmense como en cualquier otro lugar. Por eso, ha explicado, la ministra de Educación se ha puesto en contacto con el conseller "para sumar toda la colaboración necesaria para evitar cualquier tipo de acoso". La dirigente socialista ha subrayado que la escuela, en todas partes, "tiene que ser un ejemplo de convivencia".

La ministra portavoz ha querido separar este caso concreto de "acoso" del fondo de la cuestión: la imposición del 25% de clases en castellano en la escuela de Canet. Sobre este punto, Isabel Rodríguez ha reiterado que "la sentencia hay que cumplirla y acatarla", como todas las resoluciones judiciales. "En este país, todos los niños tienen que salir con la competencia en las dos lenguas", en el caso de los territorios con dos lenguas oficiales, ha remachado.

Preguntada sobre si el castellano está perseguido en la escuela catalana, como denuncia la derecha españolista, Rodríguez ha denunciado que el PP "utilice cualquier asunto para hacer oposición al Gobierno". Ha reiterado que, para La Moncloa, las lenguas oficiales requieren protección porque "son un elemento que nos enriquece, que aportan diversidad". Ha aconsejado a los populares que "no utilicen la riqueza de nuestro país para enfrentarnos".

La Fiscalía abre diligencias

Este mismo viernes, la Fiscalía de Barcelona ha confirmado que ha abierto diligencias de investigación para aclarar si los tuits que ha recibido la familia que a través del TSJC ha conseguido que se imponga el 25% de horas en castellano en la clase de su hijo de P5 pueden ser constitutivos de delito. La portavoz de la Fiscalía ha detallado que por ahora han recibido dos denuncias para que lo investigue: de Vox y Hablamos Español. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) asegura que también ha denunciado a la Fiscalía las "amenazas" recibidas por los padres del menor de la escuela Turó del Drac al considerar que pueden ser constitutivas de un delito de odio. La Fiscalía califica la investigación de "prematura", ya que espera ahora recibir los tuits y analizarlos, así como identificar a sus autores.