Menos el ministro-candidato Salvador Illa, el mejor conocedor de la situación sanitaria, el Gobierno sí que ha remado en los últimos días contra el aplazamiento de las elecciones del 14-F. Los socialistas miraban las encuestas desde La Moncloa y alertaban de los peligros para la "democracia" sobre el hecho de mover la fecha. Una vez ha llegado la suspensión cautelar del aplazamiento, sin embargo, se ha hecho casi el silencio del Gobierno. La portavoz del ejecutivo, María Jesús Montero, no ha reaccionado en un sentido ni en el otro. Simplemente ha dicho que no tienen "nada que añadir" sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El TSJC ha aceptado la suspensión cautelar del aplazamiento electoral y ha reactivado la maquinaria electoral del 14-F. Un par de horas más tarde, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno se ha limitado a decir que "por descontado acata" la decisión del tribunal. Hará falta "esperar la resolución definitiva y actuar en consecuencia". Dicho esto, María Jesús Montero ha asegurado que no tiene "nada más que añadir" porque "son los tribunales los que tenían la responsabilidad de pronunciarse" sobre la cuestión. Así, como ha hecho Salvador Illa durante las últimas semanas, ha evitado mojarse. El trabajo sucio lo han hecho sus compañeros de partido en Catalunya, pero también algún compañero de Consejo de Ministros, que han remado contra el aplazamiento electoral.

Fue el caso del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien el jueves pasado, víspera de la mesa de partidos, advirtió que aplazar los comicios supondría "suspender la democracia" e incluso ponía en duda que el marco legal permitiera cambiar la fecha de los comicios. Tan sólo unas horas más tarde fue el titular de Transportes, José Luis Ábalos, quien echó más leña al fuego. El dirigente socialista alertó que estos movimientos "acaban afectando a la limpieza de los procesos electorales", porque hace que las normas del juego "ya no sean iguales para todo el mundo" y queden "a criterio de un gobierno". El PSC fue el único que se descolgó del acuerdo de los partidos para aplazar la convocatoria.

El recurso que pedía medidas cautelares ha sido de un particular, el abogado Josep Asensio. No obstante, formaciones políticas de la órbita del PSC también presentaron recursos delante del TSJC contra el aplazamiento electoral. Es el caso de Federalistes d'Esquerres o la Lliga Democràtica. No obstante, Salvador Illa ha negado quedetrás esté la mano de los socialistas.

El emérito, muy pagado

Montero sí que ha confirmado las informaciones de los últimos días: Patrimonio Nacional asume con fondos públicos los gastos del personal que acompaña a Juan Carlos I durante su huida a los Emiratos Árabes. La portavoz ha señalado que ha seguido necesitando de asistentes después de su abdicación, y que Patrimonio Nacional asume las facturas "a petición de la Casa Real". "Este personal de asistencia es abonado por parte de la Casa Real dentro de la previsión que se contempla dentro de los presupuestos", ha concluido Montero. Por este motivo, corresponde a La Zarzuela dar explicaciones de los "detalles".

¿Toque de queda?

Con respecto a las medidas de control del coronavirus, el Gobierno está dispuesto a "escuchar" todas las aportaciones que hagan las diferentes comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial que se reunirá mañana. De hecho, varios territorios piden la posibilidad de poder adelantar el toque de queda a las ocho de la noche. Eso requeriría modificar el decreto de estado de alarma. Desde La Moncloa no cierran la puerta, pero recuerdan que con el actual decreto de estado de alarma "hay margen" para restringir todavía más la movilidad.

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