La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido que no ha habido "cambio de posición" sobre el papel que jugará el Estado en la demanda civil contra el juez Llarena en Bélgica. Delgado ha dicho que están siguiendo una "estrategia" y que, para decidir cuál era la mejor, han tenido que estudiar varias opciones porque es un "procedimiento peculiar". Ahora bien, ha dicho que no hay ninguna "fisura" entre el ministerio y la abogacía del Estado y que ya se han puesto en marcha todos los procedimientos administrativos para contratar "unos o más" bufetes de abogados en Bélgica.

"No ha habido ningún cambio de posición sino un estudio de cada una de las acciones que teníamos que emprender para hacer las cosas bien", ha defendido en RNE. La ministra ha dicho que defenderán "hasta las últimas consecuencias" la jurisdicción española y "los que la desarrollan", en referencia al juez. La semana pasada, el ministerio apuntaba en un comunicado que se personarían en Bélgica para defender "la soberanía y la inmunidad" de la justicia española pero no "los actos privados" de Llarena pero este domingo hizo un nuevo comunicado donde ya no hacía esta observación.

Ninguna fisura con la abogacía del Estado

La ministra de Justicia ha alegado que si ha habido "variaciones" en el planteamiento del papel que tenía que jugar el Estado en la demanda civil interpuesta por Carles Puigdemont y cuatro consellers en Bélgica ha sido porque han ido estudiando "todas las alternativas". Delgado asume que ha habido "informes internos" donde se planteaban diferentes escenarios pero ha dicho que el criterio siempre ha sido lo mismo: defender la jurisdicción española y quienes la ejercen y que no hay ninguna "fisura" con la abogacía del Estado en este sentido.

El jueves, el ministerio hacía un comunicado donde afirmaba que se personarían a la demanda de Bélgica pero hacía una distinción. Anunciaba que se personaría para defender la justicia española pero no los "actos privados" del juez. Buena parte de la demanda de Bélgica se fundamenta en declaraciones del juez Llarena en Oviedo, donde en una conferencia negó que se tratara de presos políticos. Unas manifestaciones que, según la demanda, prejuzgan los hechos que se estaban investigando.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, apeló a la separación de poderes y dijo que la "protección" de un juez le corresponde en el poder judicial y no el gobierno. Por eso, circunscribió la personación del Estado a defender la "inmunidad jurisdiccional" de España.

Respuesta a las críticas

Estas manifestaciones han levantado a las críticas de partidos como PP y Cs y también de las asociaciones de jueces y fiscales que acusan al gobierno español de no defender los intereses de Llarena. De hecho, Cs y PP registrarán este lunes iniciativas en el Congreso para pedir que se defienda el juez Llarena en este procedimiento.

A la entrevista en RNE, la ministra de Justicia ha aducido que no tienen ninguna duda que defenderán a Llarena y a la justicia española pero que hayan tenido que estudiar "todos los escenarios" antes de emprender la contratación de un bufete. También ha dicho que están estudiando con colegas belgas cuál tiene que ser la estrategia en este demanda. "Trabajábamos con diferentes alternativas porque para hacer contratación necesitábamos hacer estrategias de defensa para saber cuál era la mejor para defender los intereses de España", ha insistido. El próximo 4 de septiembre el magistrado instructor de la causa contra el proceso, Pablo Llarena, está citado en una vista previa a la admisión a trámite de la demanda.

Por otra parte, la ministra ha anunciado que a partir de mañana empezará a trabajar una comisión de expertos para avanzar y recuperar la justicia universal. Ha explicado que en algunas iniciativas legislativas el gobierno de Pedro Sánchez quiere "escuchar y hacer partícipes" a la sociedad civil.