El Ministerio de Hacienda ha recordado hoy el deber de los contribuyentes de liquidar los impuestos ante la administración competente y ha advertido que hacerlo ante la Agència Tributària Catalana puede implicar sanciones e incluso ser constitutivo de un delito penal.

Hacienda ha hecho público un comunicado dejando patente esta advertencia después de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya asegurado que la Agència Tributària Catalana (ATC), con un potencial de recaudación de 42.000 millones de euros, está "preparada" para aplicar el resultado del referéndum del 1-O, "sea cuál sea la voluntad" que manifiesten aquel día los catalanes.

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro recalca que, si bien Catalunya es competente para gestionar sus propios tributos, no puede asumir los que no le compete gestionar y avisa a los contribuyentes de que presentar sus declaraciones ante la administración indebida implica que "se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas".

En concreto, Hacienda explica que, en el marco del sistema de financiación autonómica, Catalunya, como las otras comunidades de régimen común, tiene una administración tributaria propia competente para gestionar sus propios tributos.

Cita en concreto el impuesto sobre el patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tributos sobre el juego y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. El resto se tiene que pagar ante la administración tributaria competente, y no hacerlo reitera Hacienda que implica que se den por no pagadas las deudas.

Embargos y sanciones

Por lo tanto, explica que en el caso de los impuestos cuya gestión corresponde al Estado, Hacienda podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procesos de embargo para hacer efectivo el importe de la deuda.

"En su caso —añade—, estas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública". En este sentido, Hacienda recuerda que las personas jurídicas no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal.

Además, sus administradores "pueden incurrir en responsabilidad tributaria, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada" en función de su grado de participación en la infracción tributaria.

Suspensiones del TC

Al final del comunicado, se explican los antecedentes de la Agència Tributària de Catalunya, creada en 2007, como "un ente de lo que también disponen otras comunidades autónomas". Sin embargo, "la Generalitat ha aprobado disposiciones para poder convertirla en la 'Hacienda propia' de Catalunya", pasos que el TC ha anulado por "exceder el marco constitucional y estatutario", argumentan.

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