El delegado del gobierno español en Catalunya, Enric Millo, ha encargado un informe jurídico a la abogacía del Estado para determinar si la placa que acompaña el cambio de nombre de la plaza U de Octubre de Girona se ajusta a la legalidad y, si hace falta, emprender "acciones legales". Millo considera que la placa conmemorativa en cuatro idiomas genera "odio", "confrontación social" y profundiza en la "división social".

El escrito afirma que durante el referéndum, "la ciudadanía de Girona sufrió una brutal agresión de las fuerzas de seguridad españolas cuando ejercía de forma libre y pacífica su derecho al voto. Esta plaza quiere dejar testimonio de admiración, memoria y recuerdo del digno comportamiento del pueblo y de su coraje".

El representante estatal no ha querido avanzar si denunciará a la alcaldesa, Marta Madrenas, por un presunto delito de incitación al odio pero ha asegurado que los hechos que se describen explican un "relato que es mentira".

Por otra parte, Millo no ha querido precisar si el Gobierno español presentará recursos a la delegación de voto de Comín y a la reforma de la Ley de Presidencia. Se ha limitado a decir que el Estado emprenderá las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad.

También el president,Carles Puigdemont, ha denunciado los hechos desde su cuenta de Twitter: