El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha acusado hoy a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de Jxsí y CSQP en la Mesa de situarse "por encima de la ley", como pasa en los estados "autoritarios y dictatoriales", al permitir votar dos resoluciones proreferéndum.

Millo ha comparecido hoy durante unos 45 minutos como testigo delante de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que investiga a Forcadell y a los miembros de JxSí y CSQP en la Mesa del Parlament por haber permitido que el pleno votara en julio del 2016 dos resoluciones a favor del referéndum independentista, cuando el ahora delegado del Gobierno era todavía portavoz parlamentario del PPC.

Millo ha denunciado que Forcadell y los otros cuatro miembros de la Mesa investigados (Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet) se situaron por encima de la legalidad vigente al permitir la tramitación de las dos resoluciones proreferéndum, aunque el Constitucional les había ordenado impedir cualquier iniciativa vinculada a la resolución de ruptura del 9-N del 2015.

"Es muy importante diferenciar entre los que defendemos el Estado democrático y de derecho, el cumplimiento de las leyes, que nadie está por encima de las leyes, de aquellos que defienden el contrario, porque eso es lo que diferencia los estados democráticos de los estados autoritarios y dictatoriales que no respetan la democracia, ha advertido Millo.

El delegado del Gobierno ha dado por hecho que el artículo 152.1 del reglamento del Parlament, que establece que la Mesa tiene que admitir a trámite las resoluciones emanadas de un debate de política general si son relativas a aspectos discutidos en el pleno, no ampara los investigados, porque las sentencias del TC y los informes de los servicios jurídicos del Parlament les advirtieron que no podían admitir este tipo de propuestas.

"Lo que habría sido posible es presentar una iniciativa defendiendo llevar al Congreso de Diputados una reforma constitucional para poder hacerlo (el referéndum). Se habría podido debatir, defender, votar, ganar o perder", ha alegado Millo.

No obstante, el delegado del Gobierno ha remarcado que "lo que no se puede hacer es obviar los mecanismos establecidos en la propia ley e intentar modificar la Constitución y superar el Estatut a través de una resolución en el Parlament que no tiene legitimidad para ser aprobada y sobre la cual ha sido advertida la Mesa que tiene la obligación de impedir que se pueda votar y aprobar".

Según Millo, ninguna ideología, ningún partido y ningún diputado pueden situarse por encima de la ley, ya que "es necesario para la convivencia" respetar los principios democráticos y no situarse por encima de la legalidad contraviniendo, por ejemplo, las sentencias del Constitucional.

Por este motivo, ha considerado una "auténtica contradicción" y un ejemplo de "cinismo" que los partidarios del referéndum aleguen que actúan para defender la democracia, cuando "cumplir la democracia quiere decir fundamentalmente respetar las leyes aprobadas en los parlamentos de acuerdo con sus competencias".