El president Carles Puigdemont mantendrá su delegación de voto. Así lo ha decidido la Mesa del Parlament en su reunión de este martes, durante la cual ha tumbado las peticiones de revocación presentadas por Ciudadanos y el PP. Estos partidos han advertido que la decisión podría contravenir resoluciones del Tribunal Constitucional.
Fuentes soberanistas han justificado el voto en contra de la revocación porque Puigdemont tiene activa una orden europea de detención y extradición, se encuentra a disposición de la justicia alemana y está en una situación de incapacidad legal "manifiesta". El pasado 5 de abril, el líder de JxCat votó por primera y única vez en el pleno de la cámara esta legislatura.
Otro de los puntos fuertes del orden del día era la reforma de la ley de Presidencia, presentada por JxCat para facilitar una investidura a distancia. También se ha mantenido: se han tumbado las peticiones de reconsideración presentadas. En este sentido, el PSC ya ha anunciado que recurrirá al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Al tramitarse por lectura única, el órgano consultivo tendrá hasta siete días hábiles para emitir un dictamen.
También se ha acordado la celebración de un pleno el próximo miércoles 25 de abril, en el punto del orden del cual hay los dos decretos pendientes de convalidación —prórroga presupuestaria y paga extraordinaria— o el informe de liquidación del presupuesto del Parlament. No está claro si podrá llegar a tiempo la designación de los senadores autonómicos, porque antes se tiene que constituir la comisión del estatuto del diputado.
Finalmente, la Mesa ha acordado, con el voto a favor de JxCat, ERC y el PSC y la abstención de Cs, presentar en el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de la sentencia del caso Castor. El alto tribunal declaró inconstitucional la indemnización de 1.300 millones de euros. Consideran que no se está cumpliendo aquella sentencia, porque no se percibe en el precio de la factura energética.