El vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Lluís Maria Corominas, y las secretarias primera y cuarta de la mesa, Anna Simó y Ramona Barrufet, remitirán este jueves al Tribunal Constitucional (TC) sus informes jurídicos individuales ante los requerimientos que recibieron para permitir el debate de conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente.
Los tres, miembros de JxSí, alegarán que no se puede "coartar" el debate parlamentario, que siguieron el reglamento de la cámara, que el pleno es el órgano soberano del Parlament y que hubieran hecho lo mismo que hizo a la presidenta, Carme Forcadell. Además, han anunciado que si el tribunal "sigue el discurso jurídico-político que le marca" el gobierno español de Mariano Rajoy, recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.
En una rueda de prensa este miércoles en el Parlament, han querido remarcar que comparecían como miembros de la Mesa, que dan apoyo a la presidenta Forcadell aunque la respuesta sea diferente porque el requerimiento era diferente, y respetan pero discrepan del informe remitido al TC por otro miembro del órgano, José María Espejo Saavedra (C's), que hace "seguidismo" de las tesis del gobierno español y del incidente de ejecución de sentencia abierto por el tribunal.
Incertidumbre e inseguridad
En todo caso, el informe de 17 páginas que este jueves se hará público, –fecha límite para presentarlo por parte de Corominas y Barrufet–, asegura que los tres diputados se han encontrado en una situación "de inseguridad jurídica" y "de incertidumbre", ya que el auto del TC del mes de julio pasado y los requerimientos enviados a los miembros de la Mesa eran muy poco "concretos", han dicho, por lo cual piden una "aclaración".
Así, consideran que el TC no puede "poner límites" al debate parlamentario y han recordado que las comisiones de estudio pueden tratar cualquier cuestión. De hecho, también recuerdan que en el debate al pleno sobre las conclusiones participaron todos los grupos políticos, incluso los que se oponían, aunque finalmente C's y PP no votaron.
En todo caso, los tres grandes fundamentos del argumentario de Corominas, Simó y Barrufet se basan en la defensa del Parlament, de la libertad de expresión y de representación y en la posibilidad de acudir al TEDH. Así, consideran que tiene que haber una separación clara de poderes y que el TC no puede prohibir que se traten temas que superan la Constitución.
De hecho, Corominas se ha quejado de que el tribunal obligaría a la Mesa a hacer un "control previo de constitucionalidad" de todas las iniciativas parlamentarias, cosa que no es su función. "Sería absurdo que el Parlament no pudiera debatir", ha dicho el vicepresidente.
Norma recurrida
Por otra parte, Corominas y Simó también han recordado que el requerimiento por el incidente de ejecución de sentencia es una nueva potestad del TC aprobada a raíz de la reforma de la ley que regula este tribunal hecha el año pasado de forma "expres" por parte del PP y sin el visto bueno del Consejo de Estado, reforma que está recurrida delante del mismo TC por la Generalitat y el gobierno vasco, y que todavía está pendiente de sentencia.
Por eso, califican de "increíble" que se pueda abrir la vía penal contra Forcadell amparándose en una norma recurrida. "No lo entendemos ni en términos políticos ni jurídicos", ha dicho Corominas. Este mismo jueves, se reunirá la Mesa para tratar por primera vez esta cuestión y decidirá si envía alegaciones como cámara legislativa al requerimiento del TC.