Los tres diputados electos encarcelados solicitaron la salida de prisión para asistir a la constitución del Parlament, el juez les dijo que podían delegar el voto y ejercieron esta prerrogativa. Pero este no es el caso de los cinco diputados exiliados en Bruselas, que en aquel pleno no lo pidieron. Sí lo han hecho en el debate de investidura de Carles Puigdemont -todavía sin fecha-, y han registrado la petición en el Parlament. Ahora la pelota está en el tejado de la Mesa del la cámara, que según el reglamento es quien debe admitir a trámite la delegación.

Aunque constaba en el orden del día de la reunión ordinaria de la Mesa, fuentes parlamentarias explican a El Nacional que no es seguro que se aborde en el encuentro de este martes. "Hay tiempo y lo queremos estudiar bien", aseguran. Una opción sobre la mesa es que esta admisión a trámite sea pospuesta hasta la semana que viene, cuando muy probablemente tendrá lugar el debate de investidura, en otra reunión de la Mesa.

Aunque se apuren los plazos, la oposición ya ha anunciado que recurrirá la decisión. Las fuentes consultadas aseguran que el gobierno español no puede impugnar una resolución de la Mesa. Pero los grupos parlamentarios sí podrían pedir una reconsideración, que si no fuera atendida dejaría la vía libre para pedir amparo al Tribunal Constitucional, alegando la vulneración de sus derechos.

Fuentes de la mayoría soberanista de la Mesa replican que "no concurren los supuestos" para ir al alto tribunal, porque "el ejercicio legítimo de los derechos de unos diputados no puede vulnerar los tuyos". La realidad, sin embargo, es que, la pasada legislatura, el Tribunal Constitucional ya anuló el pleno de proclamación de los resultados del referéndum del 1-O, después de que el PSC presentara un recurso de amparo. Hay precedentes. Si la resolución de delegación es suspendida, la misma Mesa estudiaría cómo actuar.

El informe de los letrados del Parlament se mostró contrario a esta delegación de voto, porque considera que no está contemplado en el reglamento del Parlament, pero también señalaban que la última palabra sobre la interpretación de la norma la tienen los miembros de la Mesa, como órgano rector de la cámara.

Los votos de los diputados exiliados en Bruselas son imprescindibles para poder investir a un candidato independentista. Si la Mesa no admite a trámite la delegación de voto de estos parlamentarios, o esta delegación es suspendida por el Tribunal Constitucional, la mayoría parlamentaria se quedaría con cinco votos menos, pasando de los 70 a los 65 escaños. Serían necesarias al menos tres renuncias de diputados exiliados para poder llegar a la mayoría absoluta necesaria de 68 escaños para investir a un president en primera vuelta, como es intención de Junts per Catalunya. También en segunda vuelta, que requiere de mayoría simple: empatarían a 65 con el resto de fuerzas.