La Mesa del Parlament ha abierto un periodo de tres días (a partir de este miércoles) a fin de que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas a los presupuestos de la Generalitat para el 2017 después de conocerse el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, en el que se declaraba inconstitucional la disposición adicional 31, que prevé la financiación del referéndum soberanista.

La CUP ya ha manifestado la voluntad de no modificar la disposición adicional y mantener el redactado actual ya que, según explicó la diputada Anna Gabriel en el Teatre Romea este lunes, "no hay razones para desligarse de la voluntad de celebrar el referéndum". Además, añadió que "la vía unilateral es la única que nos puede llevar a la independencia".

Catalunya Si Que es Pot, por su parte, ha presentado una enmienda en la que piden que "el Govern garantice la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades que se deriven de la convocatoria de un referéndum" legal y, por lo tanto, pactado con el Estado.

El portavoz del grupo, Joan Coscubiela, ha asegurado que la enmienda "es un punto de encuentro y acuerdo con los grupos que defendemos el referéndum". El diputado ha asegurado que ve "impensable que el Parlament no se respete a sí mismo" y desobedezca el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano de carácter no vinculante pero derivado del Parlament. "Perderíamos mucha credibilidad", ha añadido Coscubiela.

La portavoz del PSC, Eva Granados, ha confirmado este martes en rueda de prensa en el Parlament que su grupo también presentará una enmienda, pero en este caso para suprimir la disposición 31 ya que, según ha constatado, "no hay ninguna voluntad de celebrar un referéndum acordado y el mismo órgano del Parlament -en referencia al Consell de Garanties Estatutàries- le dice al Govern que no se puede celebrar el referéndum".

En referencia a la actuación del Ejecutivo, Granados ha asegurado que "ha llegado el momento en que ser obediente a las leyes y contentar a la CUP no es compatible".

Prácticamente con las mismas palabras se ha referido el portavoz de Ciudadanos, Fernando de Páramo, que ha asegurado que "ha llegado la hora de la verdad". "Queremos saber si Puigdemont obedecerá a la CUP para desobedecer la democracia", se ha preguntado.

Sobre la disposición 31, De Páramo ha recordado que "tanto la Constitución, como el Estatut, como su propio Consell les dicen que los presupuestos son ilegales" y ha asegurado que el "Govern no se puede gastar el dinero de todos los catalanes en su aventura política".

El portavoz del PP catalán, Alejandro Fernández, también ha criticado las decisiones que se han querido impulsar desde Junts pel Sí después de conocerse el dictamen del Consell de Garanties. El diputado ha asegurado que se está planteando un referéndum "trampa" -ya que, según asegura, el resultado ya estaría decidido- que supone una "falta de respeto" a la legalidad catalana y que "pone en riesgo" el autogobierno de Catalunya.

Junts pel Sí todavía no se ha pronunciado al respecto, pero estaría sopesando dos posibilidades, la de retocar la redacción pero eliminar la partida económica que se destinaría al referéndum, o mantener el texto original, como mantiene la CUP.