La menor investigada por el corte de las vías del AVE en Girona durante el aniversario del 1-O se ha acogido a su derecho a no declarar delante de la fiscalía de menores.

El atestado policial, que se basa en imágenes de las cámaras de videovigilancia de la estación, la identifica como una de las activistas que, supuestamente, se sentaron en las vías. La investigan por un delito de desórdenes públicos.

Una cuarentena de personas, en el marco de la campaña anti-represiva '21 razones', se han concentrado en las puertas del Palacio de Justicia para dar apoyo a la menor, que tiene 17 años. La activista, Bruna Ruhí, denuncia una campaña de "persecución contra el movimiento independentista" por parte de la policía española.

Segunda cita por las movilizaciones durante el aniversario del 1-O en Girona. La semana pasada, el juzgado de instrucción 4 citó a declarar un activista por, supuestamente, formar parte del grupo de manifestantes que entró a la sede de la Generalitat y descolgó la bandera española. El joven decidió desobedecer y no compareció en el juzgado, que dictó orden de detención.

En la salida, Ruhí –asistida por la abogada Montserrat Vinyets- ha explicado que ha decidido no declarar porque la acción del 1 de octubre del 2018 fue una "protesta totalmente legítima". También ha denunciado que hay una "persecución" contra 21 personas: "Está claro que se persigue un movimiento".

El juzgado de instrucción 4 de Girona ha citado a declarar este viernes a 19 activistas más investigados por el corte del AVE. Hay los 16 detenidos por la policía española el 16 de enero, entre los cuales hay los alcaldes de la CUP de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, y de Celrà (Gironès), Dani Cornellà, y el fotoperiodista Carles Palacio.

La defensa de los arrestados está ultimando una querella contra la policía española por detención ilegal y lesiones. Sostienen que las detenciones se hicieron "sin respetar" los requisitos legales porque no era un caso de delito flagrante ni había "ningún motivo" para pensar que los investigados no comparecerían a una citación. También alegan que entre los detenidos hay dos electos, fácilmente localizables como cargos públicos.