El exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Mena, hace hoy un alegato a favor de los aforos políticos en un artículo en El País. Mena defiende esta figura, no como una herramienta de inmunidad política, sino como un blindaje para no judicializar la política y parar mandatos democráticos en los juzgados.
Pendientes del suplicatorio del exconseller de la Presidència, Francesc Homs, Mena defiende: "Juzgar a Homs sería legal, evidentemente. Pero no hacerlo, concediéndole la inmunidad, también". El escrito del exfiscal llega poco antes de que el Congreso decida si da el permiso para juzgar Homs o no.
Mena explica el origen de los aforos políticos. Se crean en plena Revolución Francesa para garantizar que las decisiones de los representantes revolucionarios se pudieran llevar a cabo y fue el primer paso en la instauración de la separación de poderes. Sin embargo, el exfiscal también destaca el hecho de la naturaleza de los delitos. La ley prevé que el Tribunal Constitucional decida y pida poder juzgar a cargos electos si éstos están bajo la sospecha de delitos de corrupción. Pero, recuerda Mena, "la vía penal no puede perturbar el funcionamiento de las Cámaras", repasando los criterios básicos a los cuales se tiene que ceñir el Constitucional en el momento de levantar un aforo.
No sería inteligente, democrático ni prudente
En un caso de corrupción, dice Mena, "su permanencia en el Congreso sería indiscutiblemente vergonzosa, inaceptable. Pero en este caso sólo se le imputa un comportamiento estrictamente político, aunque probablemente irregular, sin duda díscolo y presuntamente desobediente, pero sin que exista ventaja material personal".
El exfiscal da un toque de alerta a sus colegas: "La inhabilitación de uno de sus representantes más caracterizados alteraría la composición del Congreso decidida por los ciudadanos. Implicaría relegarlos al limbo de la inexistencia representativa. No sería inteligente, democrático ni prudente".
Por último, José María Mena hace un alegato al diálogo político: "Los diputados tendrán que decidir cómo valorar y abordar políticamente el histórico problema que se expresa con la presunta desobediencia. Si con la espiral irreversible de la represión penal, o con un diálogo político responsable, aunque en ocasiones se presente con incertidumbres, recíprocas incomprensiones, crispaciones y dificultades".
El fiscal rebelde
José María Mena fue fiscal jefe de Catalunya durante 10 años hasta que se jubiló en el 2006. Veinte años antes lideró la querella contra Banca Catalana, el primer proceso judicial de presunta corrupción con connotaciones políticas que salpicó al entonces president Jordi Pujol porque había sido directivo del banco. Finalmente, y después de cuatro años de instrucción, el caso quedó en nada. Se archivó por falta de indicios contra los querellados, uno de ellos el propio Pujol.
Mena se enfrentó al fiscal general del Estado y no repatrió a menores extranjeros que llegaban sin documentación. Tampoco quiso denunciar las concentraciones contra el PP la noche antes de las elecciones del 2004, después de los atentados del 11-M. Ha sido un firme defensor del juez Baltasar Garzón, denunciado por investigar las desapariciones durante el franquismo.
El año 2010 le dieron la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
