La jueza del caso Máster de Pablo Casado, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado enviar una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que decida si es procedente investigar al líder del PP por las presuntas irregularidades de su máster, pues ve indicios de delito de prevaricación administrativa y soborno impropio al considerar que existen "indicios" de que obtuvo el máster de Derecho Autonómico como un "regalo académico por su relevancia política e institucional".

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, declara agotada la instrucción en todo aquello que "no implica actuaciones procesales" en relación con Casado y lo envía al Supremo, el órgano competente para investigar, si procede, a Casado al tratarse de una persona aforada.

La decisión de elevar el caso al Supremo llega poco después de que se haya imputado a tres compañeras que cursaron un presunto máster a la Universidad Rey Juan Carlos con Casado por un delito de soborno y prevaricación después de tomarles declaración.

En las semanas previas, la jueza ha tomado declaración a testigos y a otros investigados (hay hasta siete) y, una vez recopilada la información, pide al Tribunal Supremo que se haga cargo del caso ya que Casado es aforado (diputado en el Congreso). Ahora, el alto tribunal tendrá que pedir a la fiscalía que se posicione en un informe sobre la competencia del Supremo y el contenido de la investigación.

Posteriormente, la Sala Segunda tendrá que decidir si se queda la investigación, la devuelve a la jueza de instrucción o, por el contrario, lo archiva. Rodríguez-Medel no sólo eleva al Supremo el caso de Casado sino que le pide que se quede toda la causa, con los siete imputados. Esta jueza es la que también investiga el máster de Cifuentes y abrió una pieza separada por el caso de Casado.

En la exposición razonada, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, acuerda enviar toda la pieza C, referente al máster de Casado, al Supremo incluyendo, por tanto, a los siete imputados que figuran en el procedimiento, pues entiende que "podría existir indiciaria responsabilidad penal" en Casado "en íntima conexión con otras personas no aforadas".

Se trata del exrector Fernando Suárez; el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde; los profesores Pablo Chico y Alicia López de los Mozos, así como las tres estudiantes María José Cancio, Alida Mas Taberner y María Mateo Feito, las dos últimas, exaltos cargos del PP.