El Ministerio de Justicia ha aprobado una instrucción que prohíbe el registro directo de los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero: los que recurran a esta práctica prohibida en España solo podrán formalizar la inscripción mediante vínculo biológico o adopción. Los vientres de alquiler están prohibidos en España desde el 2006, año en que entró en vigor la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. Con la reforma de la ley del aborto en el 2022, esta práctica se calificó también como una forma de violencia contra las mujeres.

A pesar de estas restricciones, cada año muchas personas españolas viajan a países donde no es ilegal para tener criaturas a través de esta vía. Una vez nacidos los bebés, las rendijas legales existentes permiten que sean inscritos allí y, posteriormente, reconocidos en España alegando el interés superior del menor, hecho que evita que queden en un vacío jurídico.

Más dificultades para los que escojan este método

Ante estas prácticas, el Gobierno ha tomado la decisión de acabar con la posibilidad de que se pueda inscribir a estos menores en el Registro Civil aunque exista una resolución judicial del extranjero que valide el procedimiento, como se hacía hasta la fecha. La instrucción se publicará este jueves en el BOE.

De esta manera, requieren fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el ordenamiento jurídico español se adecua al pronunciamiento del Tribunal Supremo, que en 2024 declaró nulo un contrato de menor nacido por vientre de alquiler a pesar de contar con una resolución judicial estadounidense que lo validaba. En 2024, según datos del Gobierno, 154 menores nacidos por vientres de alquiler fueron inscritos en el Registro Civil en virtud de una resolución judicial extranjera.

"El objetivo es evitar que ciudadanos españoles burlen la prohibición de esta práctica en nuestro país y la practiquen en el extranjero, una reclamación histórica del movimiento feminista y de los colectivos que defienden la protección de los menores para suponer una mercantilización del cuerpo de la mujer y de sus hijos", precisa el departamento de Félix Bolaños.

Llevar la prohibición "a las últimas consecuencias"

Ya lo advirtió la semana pasada la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que aseguró que el Gobierno preparaba una "respuesta eficaz" contra la gestación subrogada, para llevar su prohibición en España "a sus últimas consecuencias". "La gestación subrogada está prohibida radicalmente en España y estamos trabajando con Justicia precisamente para que esta prohibición se lleve a sus últimas consecuencias en nuestro país, hay sentencias que nos obligan", destacó la ministra.

La titular de Igualdad también añadió que la solución al problema de los vientres de alquiler se incluiría en la futura ley integral contra el tráfico, que incorporará la maternidad subrogada forzosa como una de las finalidades del tráfico.