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Cuando en mayo de 2022 el Gobierno español reveló que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de varios ministros habían sido infectados con Pegasus, el caso se interpretó como un episodio excepcional en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat. Ahora, una investigación periodística internacional sostiene que aquel espionaje era solo la punta del iceberg. Según una investigación coordinada por Forbidden Stories, con la participación de El Confidencial, Le Monde, The Guardian, Die Zeit, Der Spiegel, Haaretz y otros medios europeos, los servicios secretos interiores de Marruecos intentaron infiltrarse en 250 números de teléfono españoles entre mayo de 2018 y junio de 2019, dos años antes de los ataques confirmados contra el presidente español. En aquel periodo se registraron 768 intentos de infección con el programa espía Pegasus. Los investigadores advierten que estos datos documentan intentos de infección, no infecciones confirmadas. Para demostrar que un dispositivo fue comprometido, sería necesario un análisis forense de cada teléfono.

Del presidente del gobierno a un coronel de la Guardia Civil

La principal novedad de la investigación es que el objetivo de los servicios secretos marroquíes no eran únicamente los máximos responsables políticos españoles. Entre los teléfonos seleccionados se encontraba el del coronel Alberto Aguilera, que en marzo de 2019 ocupaba uno de los cargos más sensibles de la Guardia Civil: era el jefe de Información del cuerpo para Catalunya. Según la investigación, su móvil fue objeto de cinco intentos de infección con Pegasus en marzo de 2019, cuando ejercía esta función. Que un responsable de la inteligencia de la Guardia Civil aparezca entre los objetivos abre interrogantes sobre hasta qué punto los servicios secretos marroquíes intentaban obtener información relacionada con la seguridad del Estado español. 

Los objetivos de los números de teléfono españoles

La nueva información revela, sin embargo, que la actividad de los servicios secretos marroquíes contra intereses españoles había comenzado mucho antes del espionaje a Sánchez y Robles, y era mucho más amplia de lo que hasta ahora se conocía. La mayoría de los números españoles identificados por la investigación corresponden a disidentes marroquíes residentes en España,  especialmente activistas del Rif, opositores al régimen de Mohamed VI, periodistas críticos y miembros del Frente Polisario. También aparecen diplomáticos argelinos destinados en España, cooperantes vinculados al Sáhara Occidental. La lista incluye también periodistas españoles como Ignacio Cembrero de El Confidencial, especializado en la cobertura del Magreb; diplomáticos argelinos acreditados en Madrid, cooperantes y otros ciudadanos españoles que, aparentemente, no ocupaban cargos políticos ni institucionales. En total, los investigadores han documentado 768 intentos de infección sobre 250 números españoles solo entre mayo de 2018 y junio de 2019. El día con más actividad fue el 16 de marzo de 2019, cuando se registraron 106 intentos.

Uno de los aspectos que destaca la investigación es que, a pesar de que los servicios secretos marroquíes presentan la cooperación antiterrorista con España como una de sus principales misiones, la lista de objetivos entre 2018 y 2019 prácticamente no incluye personas relacionadas con el yihadismo. La única excepción aparente es el teléfono de Yahiza, madre de Mohamed Houli Chemlal, el único integrante vivo de la célula de Ripoll responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, que cumple condena por aquellos hechos.

¿Quién está detrás?

La investigación apunta a que los servicios secretos de inteligencia interior de Marruecos, la llamada Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), concentró buena parte de sus esfuerzos en vigilar a opositores al régimen de Mohamed VI, especialmente activistas del Rif y del Sáhara Occidental establecidos en España. Pero también amplió progresivamente los objetivos hacia responsables políticos e institucionales españoles. La investigación atribuye la operación a la DGST, dirigida por Abdellatif Hammouchi. Según antiguos funcionarios citados por el consorcio periodístico, este organismo disponía de Pegasus y podía recibir indicaciones sobre posibles objetivos de los servicios secretos exteriores de Marruecos.

Sánchez y España no denuncian

El espionaje a los centenares de móviles españoles antecede el caso más conocido: la infección confirmada de los teléfonos de Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de otros miembros del gobierno entre 2021 y 2022. En aquel caso, los análisis del Centro Criptológico Nacional confirmaron que Pegasus había conseguido acceder a los dispositivos y extraer información. La investigación judicial de la Audiencia Nacional ha apuntado reiteradamente hacia Marruecos como principal sospechoso, a pesar de que Rabat siempre lo ha negado. Aun así, la investigación publicada por El Confidencial destaca que el gobierno español nunca denunció a NSO Group, la empresa israelí que comercializa Pegasus, a pesar de que el Ministerio de Defensa de Israel autoriza las exportaciones de este software y que los móviles de Pedro Sánchez y varios ministros fueron infectados. También afirma que Sánchez no protestó ante las autoridades marroquíes por el pirateo de su teléfono.

Incluso, Fernando Grande-Marlaska condecoró a Abdellatif Hammouchi, director de la DGST (los servicios secretos interiores marroquíes) y señalado por la investigación como el responsable de la operación de espionaje con Pegasus. La condecoración, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, se impuso en Madrid en noviembre del año pasado, a pesar de que el acuerdo del Consejo de Ministros que la hacía posible databa de 2019. Días después, un alto mando de la Guardia Civil viajó a Rabat para imponer condecoraciones a varios colaboradores de Hammouchi. Según el texto, el Ministerio del Interior y la Guardia Civil no informaron públicamente de este viaje; fue el mismo equipo de comunicación de Hammouchi quien difundió las fotografías.

Una campaña internacional más grande

Los 250 teléfonos españoles, sin embargo, forman parte de una operación mucho más grande. Según la investigación coordinada por Forbidden Stories, la DGST marroquí intentó comprometer más de 12.000 dispositivos en más de una veintena de países entre 2017 y 2021. Entre los objetivos había periodistas, activistas, opositores políticos, altos cargos de gobiernos extranjeros e incluso el presidente francés, Emmanuel Macron. Las nuevas revelaciones refuerzan la tesis de que Marruecos desplegó una campaña de ciberespionaje mucho más extensa de lo que se había conocido hasta ahora y que España fue uno de los principales objetivos mucho antes de que estallara el caso del móvil de Pedro Sánchez. El caso vuelve a evidenciar hasta qué punto Pegasus se ha convertido en una de las herramientas más poderosas del ciberespionaje mundial y cómo su utilización ha acabado afectando a gobiernos, oposiciones políticas, periodistas y activistas, a menudo sin que las víctimas llegaran nunca a saber que sus teléfonos habían estado en el punto de mira.

El caso Pegasus y el procés

El nombre de Pegasus también está inevitablemente asociado a otro de los grandes escándalos de espionaje de los últimos años. El mismo programa espía también fue utilizado contra más de sesenta dirigentes, abogados y activistas vinculados al independentismo catalán, según reveló el proyecto CatalanGate en 2022, impulsado por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto. La paradoja es que el mismo software desarrollado por la empresa israelí NSO Group ha sido utilizado tanto contra el Estado español por parte de los servicios secretos marroquíes, como por el mismo Estado contra responsables del movimiento independentista. Entre las personas afectadas se encontraban los expresidentes Quim Torra y Artur Mas, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, eurodiputados, abogados, asesores y familiares de dirigentes independentistas.

Posteriormente, el Gobierno español admitió que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había espiado a una parte de estas personas con autorización judicial, mientras que otros casos continúan sin aclararse. Así, Pegasus acabó convirtiéndose en una herramienta de espionaje utilizada tanto por un servicio de inteligencia extranjero contra responsables del Estado español como por el mismo Estado contra líderes del movimiento independentista.