El Gobierno niega que haya ningún tipo de "persecución política" contra el independentismo. Así lo ha reiterado, una vez más, Fernando Grande-Marlaska. Lo ha asegurado este martes cuando Junts le ha reprochado el caso Volhov contra Josep Lluís Alay. En realidad se trata de una traducción de una novela rusa que, filtrada en la prensa, se transformó en una supuesta injerencia rusa. El ministro del Interior ha esquivado este caso, justificando que está judicializado, pero ha defendido la actuación de la Guardia Civil.
Ha sido durante la sesión de control en el Senado, cuando el portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries, ha denunciado la operación contra el director de la oficina del president Carles Puigdemont. El "supuesto acuerdo con Rusia" del informe de la Guardia Civil, ha recordado, "era la traducción literal" de una novela rusa a cargo de Alay, que es profesor de historia de Asia y políglota. "¿Hasta cuándo continuarán las filtraciones interesadas contra el independentismo? ¿Cuándo velarán por la calidad y la veracidad de los informes de la Guardia Civil?", le ha preguntado Cleries a Marlaska.
Pero el ministro del Interior ha evitado hablar del caso concreto, recordando que el gobierno no valora "actuaciones en causas judiciales". No obstante, Fernando Grande-Marlaska ha hecho una defensa general de la "conducta" tanto de la Guardia Civil como del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Actúan en todo momento con absoluto con respeto a la Constitución, la ley y los procedimientos para garantizar que se cumplan estrictamente los derechos fundamentales y los derechos procesales", ha sostenido. En este sentido, ha negado que haya una "dinámica de filtraciones", sino que son "excepcionales" y que cuando se producen "tienen respuesta dentro de nuestro ordenamiento jurídico". El titular de Interior también ha desmentido que "se persiga la discrepancia política".
Pero el portavoz de Junts ha continuado denunciado la "persecución política a Puigdemont y su entorno". Ha recordado en este sentido como ahora piden tres años de prisión y diecisiete de inhabilitación para Alay por un viaje a Nueva Caledonia. En este punto, Cleries ha cuestionado la voluntad de diálogo de La Moncloa: "Ustedes utilizan el eslogan publicitario del reencuentro. ¿Para reencontrarnos en los juzgados? ¿En la prisión? ¿En los informes inventados y filtrados?". Y ha mirado hacia los socios de la Generalitat: "Estamos en tiempo de persecución política, de venganza, de represión y una parte del independentismo mira hacia otro lado".
El viaje a Nueva Caledonia
El juzgado de Instrucción 28 de Barcelona ha abierto ya todos los trámites para juzgar a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del president en el exilio Carles Puigdemont, por su viaje a Nueva Caledonia en 2018, con motivo de la celebración del referéndum de independencia y una visita a los presos políticos en Lledoners. Según el escrito de la apertura del juicio oral, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, lo acusan de malversación y prevaricación y la Fiscalía pide 3 años de prisión y 17 de inhabilitación. El juez investiga de dónde salieron los 4.580 euros del viaje y 15,20 euros del peaje de ir y volver a Sant Joan de Vilatorrada.