El informe policial entregado a la jueza María Tardón, que aseguraba que la entrada en Ceuta fue dirigida por agentes marroquíes, ha supuesto un nuevo quebradero de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez, que se obstina en exculpar a Marruecos de esta crisis migratoria, también ante los grupos parlamentarios en el Congreso. Al día siguiente de que se abriera la caja de los truenos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en el que le transmite su "preocupación" por la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional de prohibir que el equipo policial que investiga la entrada masiva de migrantes a finales de julio en territorio español facilite información a sus superiores.
En medio de todo el revuelo generado ante esta información que contradice de lleno la versión del Gobierno y en medio de peticiones de dimisión, se supo que la jueza de la Audiencia Nacional habría ordenado que el contenido del informe solo le fuera comunicado a ella y no a otros organismos. Marlaska, que asegura que respeta "escrupulosamente" la independencia judicial, considera también que ante esta gravísima crisis migratoria que ha puesto a su gobierno contra las cuerdas, "no debería ser incompatible" con informar a los responsables políticos de circunstancias relevantes para realizar tareas de gestión. En este sentido, el responsable del Ministerio del Interior, que ha quedado muy señalado en los últimos días, defiende que la información que aparece en el documento elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras —CENIF— es de "gran interés" para que el Gobierno pueda ejercer sus funciones a la hora de defender el Estado. En su carta dirigida a Perelló, Marlaska insiste en que debería ser "compatible" que la policía informe a los jueces y, a la vez, facilite al Gobierno la información necesaria para tomar las decisiones que sean necesarias.
Una situación paradójica
La situación —en plena crisis por un Gobierno ya muy tocado— tiene un punto paradójico. Marlaska no podía conocer su existencia por la vía ordinaria de Interior porque la jueza había ordenado expresamente que su contenido quedara restringido al ámbito judicial. El documento había sido elaborado por el CENIF a requerimiento de la magistrada de la Audiencia Nacional que investigaba qué había pasado durante la entrada masiva en Ceuta. Las instrucciones eran claras: el contenido del informe debía ser comunicado exclusivamente a la jueza y "solo se podía informar a su señoría". Esto significa que, aunque el CENIF forme parte de la Policía Nacional y, por lo tanto, dependa orgánicamente de Interior, los agentes que cumplen un encargo judicial pasan a actuar bajo la dirección funcional del juez.