Manuel Marchena advierte que la justicia está amenazada en España y que “el diagnóstico es inquietante”. En una entrevista en El Mundo, el magistrado ha asegurado que la tendencia del poder político “a controlar a los jueces” forma parte de la historia, pero que últimamente “vivimos episodios de especial gravedad”, aunque, no solo en España. Marchena ha hecho una comparativa entre el Gobierno y las políticas de Trump y su enfrentamiento contra los jueces “que está marcando un hito histórico en Estados Unidos”, y que según ha reflexionado es “fiel reflejo” de lo que pasa “cuando el populismo se enfrenta a cualquier intento de control”. En una entrevista para presentar su nuevo libro La justicia amenazada, el magistrado del Tribunal Supremo ha avisado de que la sociedad española “se está familiarizando con una normalidad que es patológica” en relación con los ataques a los jueces “incorporados y todo en acuerdos políticos que hablan de lawfare”, que según el juez “tienen un efecto demoledor en la credibilidad de la justicia” y pone “en riesgo la paz social si la sociedad no confía en los jueces y empieza a creer que los conflictos jurídicos pueden resolverse mejor en las redes sociales o a puñetazos”.
Renovación del CGPJ
Manuel Marchena también denuncia en su libro el bloqueo al que fue sometida la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha afirmado que “bastarían dos medidas para generar un efecto más que saludable”. El magistrado ha defendido que habría que imponer por ley el “cese efectivo de todos los vacantes” cuando expira su mandato. Y también exigiría el “respeto del mecanismo constitucional de renovación del CGPJ”. En este sentido, ha denunciado que los vocales “no pueden seguir siendo pactados por comisionados políticos” y que ni el presidente del Congreso de los Diputados ni el del Senado “pueden abdicar del mandato constitucional. Y son ellos los responsables de liderar el proceso de renovación de los vocales. Nos jugamos mucho”.
En relación con el aforo de los políticos, Marchena considera que provoca una desafección ciudadana por considerarlo un privilegio anacrónico. “En España, el aforo ha llegado a tener una dimensión protocolaria”, y ha señalado que “la importancia del cargo se hace depender, entre otras notas, de a qué juez investiga y de qué tribunal enjuicia a este responsable”. Marchena ha recordado que la Constitución de 1978 limitó los aforos a los ministros, diputados y senadores, pero “me parece muy significativo que en la Unión Europea se haya creado también una legión de representantes políticos aforados. El aroma de privilegio es muy intenso”.
En paralelo, en su libro, Marchena también ha hecho un llamamiento para acabar con el anonimato en las redes sociales porque defiende que “lo que es perseguible en la realidad tendría que ser también perseguible en la red”. En este sentido, ha apuntado que “el anonimato da carta blanca para socavar la dignidad de algunas personas y, puede ser más grave, para erosionar los pilares de la convivencia” y que este anonimato está sirviendo en algunas ocasiones como “válvula de escape en sistemas dictatoriales que persiguen al disidente. Pero, más allá de estas excepciones, creo que todos tenemos que ser responsables de lo que decimos y de lo que difundimos en la red”.
Indemnización a Sandro Rosell
El pasado viernes se conoció que la Audiencia Nacional ha ordenado indemnizar al expresidente del Barça, Sandro Rosell, con 232.500 euros por el año y siete meses que estuvo en prisión provisional. Preguntado sobre si se abusa de esta medida, el juez ha afirmado que la privación de libertad no es nunca reparable con una compensación económica. Con todo, ha reflexionado sobre cómo se compensa la privación de libertad y ha añadido: “Creo que la previsión legal que admite una reparación económica, a pesar de su insuficiencia, tiene todo el sentido”.