Unas 200 personas vinculadas al mundo del periodismo, la cultura, los movimientos sociales, el deporte y las Ciencias Sociales han firmado el Manifiesto Derechos y libertades, en las que se reclama la derogación de la Ley Mordaza, la reforma inmediata del Código Penal y la limitación del uso de la prisión provisional. La iniciativa pretende dar una respuesta unitaria a la "regresión de derechos y libertades por todas partes y también en el Estado español", así como a la "represión" que sufren tuiteros, artistas, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos.
José Miguel Monzón 'El Gran Wyoming', Federico Mayor Zaragoza, Ignacio Escolar, Marina Garcés, Jordi Évole, Mònica Terribas, Josep Ramoneda y Óscar Camps son algunos de los firmantes de este manifiesto, impulsado por Lafede.cat.
En el acto de presentación de la iniciativa, celebrado en el Colegio de Periodistas de Barcelona este miércoles, Tere Palop, vicepresidenta de Lafede.cat y Jordi Armadans, director de Fundipau, han destacado la "transversalidad" del manifiesto, así como su voluntad de persuadir los poderes políticos para corregir la presente "deriva regresiva".
La escritora y periodista Llucia Ramis, también participando de la iniciativa, ha asegurado que es "imposible" no firmar el manifiesto, independientemente de la postura ideológica individual de cada uno. En la misma línea, la cantante Marina Rosell ha expresado que "hay miedo", pero que también hay "mucha indignación", y el productor musical Marc Parrot ha hecho énfasis en la importancia de demostrar este sentimiento adhiriéndose a la iniciativa.
El manifiesto denuncia las "injustificadas e innecesarias" situaciones de prisión preventiva de los "jóvenes de Altsasu o Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y los representantes de las instituciones catalanas" y expresa su malestar por las sentencias de prisión por el rapero Valtonyc o el grupo de La Insurgencia, "el secuestro del libro Fariña o la retirada por parte de ARCO de una obra de arte "por su contenido político".
El texto concluye mostrando su preocupación por la "escalada en el uso de instrumentos judiciales que, en el marco de un sistema político democrático, persiguen silenciar la crítica".