Cobijados en la solemnidad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, unos ochenta profesionales del mundo del derecho -juristas, abogados, catedráticos- se han reunido para combatir la sentencia del Tribunal Supremo contra nueve de los líderes independentistas que comandaron el 1-O. Califican la condena de "involución gravísima en el ejercicio de derechos colectivos". En un manifiesto promovido por Òmnium Cultural, reivindican "la desobediencia civil como una herramienta legítima y efectiva para transformar a la sociedad" y alertan de las "graves consecuencias de la represión del Estado español contra la disidencia".
La iniciativa llega tres días después de que Òmnium Cultural presentara al Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la sentencia del procés. Su vicepresidente, Marcel Mauri, ha confesado que a pesar de no tener "ninguna confianza con el poder judicial español", hay que ponerles enfrente del espejo para, una vez agotadas todas las vías", poder recurrir a Europa.
El texto impulsado hoy pone el énfasis en el hecho de que "es la última oportunidad que le queda al Estado español antes de que este caso inicie el camino inexorable hacia Estrasburgo". En este sentido, invitan a la justicia española a "examinar y revisar las sanciones impuestas". Al mismo tiempo, los firmantes del manifiesto hacen una enmienda a la totalidad al delito de sedición, "concebido para el siglo XIX". Así, exponen que el resto de estados europeos como Alemania o Francia regulan este delito con penas mucho más bajas, de máximo tres años. Y siempre lo vinculan a la violencia explícita.
Más allá de la reforma del Código Penal, los profesionales del mundo del derecho reunidos hoy señalan la amnistía como "el mecanismo más adecuado para permitir abordar la resolución del conflicto y, más concretamente, para la anulación de todas las causas judiciales abiertas contra el millar largo de represaliados políticos". Asimismo, apuestan por una "voluntad sincera de diálogo" para resolver el conflicto.
Entre los firmantes está Jordi Domingo, de la Coordinadora de la Abogacía de Catalunya; Mercè Barceló, catedrática y miembro del Colectivo Praga; Sònia Olivella, de Irídia; Carme Hernanz, del colectivo Ronda y los abogados de los presos, Benet Salellas, Jordi Pina o Andreu Van der Eynde.