Jordi Cuixart agota la última instancia antes de acudir a la justicia europea. Este viernes, su defensa ha presentado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que anule la sentencia del procés. El recurso ha sido liderado por su abogado Benet Salellas pero con la colaboración de catedráticos y profesores catalanes y del resto del Estado. Al alto tribunal español le hacen dos peticiones: que "expulse" el delito de sedición del Código Penal y que el presidente de Òmnium Cultural sea inmediatamente liberado. Eso sí, tienen la vista más puesta en Estrasburgo que en Madrid. "Es la última oportunidad que tiene la justicia española para homologarse a los estándares europeos de derechos humanos", ha sentenciado Salellas.
El equipo legal de Cuixart ha hecho una presentación del recurso a Madrid, después de registrarlo. Su abogado, Benet Salellas, ha hecho principalmente dos peticiones al Tribunal Constitucional. En primer lugar, que "expulse" el delito de sedición del Código Penal y declare inconstitucionales los términos "autoritarios" en que se ha aplicado a los presos políticos catalanes. "No existe en ningún país europeo un delito de sedición como se castiga en España. Es un fósil jurídico", ha denunciado. En segundo lugar, mientras aborda la cuestión, "tiene que poner a Jordi Cuixart en libertad inmediatamente".
"Todo lo que ha sucedido es una operación de Estado, utilizar el castigo para que el independentismo dejara de protestar", ha asegurado Benet Salellas, que ha señalado que todo el procedimiento ha estado "excepcional", con una "constante alteración de las reglas del juego" que ha dejado a los condenados desamparados. "La razón de Estado, de proteger la unidad de España y castigar a los que la discuten, ha desplazado al derecho y se ha colocado por encima de la ley, la misma Constitución española y los derechos fundamentales," ha alertado.
Frente a todo esto, el letrado de Cuixart ha dicho que este recurso de amparo al TC es un "epílogo de la justicia española", que hasta ahora ha tenido "muchas oportunidades" para cerrar la carpeta de este caso. "Es el epílogo, es la última oportunidad que tiene la justicia española para homologarse a los estándares europeos de derechos humanos", ha concluido.
Del recurso han participado varios juristas, como el catedrático de derecho penal de la Universidad de Jaén, Guillermo Portilla, la catedrática de Derecho Constitucional en la UB, Mercè Barceló, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de València, Javier Mira, o el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de València, Albert Noguera.
Seguirá ampliación
La esperanza, en Europa
Marcel Mauri ha tocado de pies en el suelo y ha admitido que no esperan nada de la justicia española. "Nula confianza", ha resumido el vicepresidente de Òmnium Cultural, que ha defendido que "es justamente en Europa donde esperamos encontrar esta justicia que nos ha sido negada en el Estado español". Ha recordado varios pronunciamientos internacionales, como el de Amnistía Internacional o Naciones Unidas para pedir la anulación de la sentencia del procés, la absolución de los presos y una ley de amnistía que "anule todas las causas abiertas". La reforma del delito de sedición como "solución personal" no sería suficiente para Cuixart. Ha denunciado lo que considera "una auténtica operación de Estado para poner fin a protestas cívicas y pacíficas".
La protesta, "termómetro" de una democracia
Los juristas que han colaborado en el recurso han puesto el foco en la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho de reunión, en la interpretación que se ha hecho del orden público y en la misma figura del delito de sedición. El catedrático de la Universidad de Jaén, Guillermo Portilla, ha reclamado la modificación del Código Penal para que, como mucho, sea castigado con penas de uno o dos años de prisión, como el resto de Europa. El profesor de la Universidad de València, Javier Mira, ha recordado el "papel fundamental" que tuvo la sedición para reprimir las protestas durante el franquismo. El también profesor de la UV Albert Noguera ha alertado de que la sentencia "parte de un concepto de orden público más propio de regímenes autoritarios". Finalmente, la catedrática de la UAB Mercè Barceló ha advertido que el ejercicio del derecho de protesta es "el termómetro de un Estado democrático".