Fue una pelea de bar a altas horas de la madrugada que acabó con un tobillo roto y un pequeño corte en el labio a dos guardias civiles fuera de servicio. Pero a ocho jóvenes del pueblo navarro de Altsasu les ha costado 76 años de prisión y 100.000 euros de indemnización. Tres de ellos -Adur, Jokin y Oihan- ya hace 580 días que viven entre rejas; cuatro más -Jon Ander, Aratz, Iñaki y Julen-- hace once días. La Fiscalía ya ha recurrido para que, además, sean condenados por delito de terrorismo.
Para imponer estas penas tan altas, la Audiencia Nacional ha recurrido al agravante de odio (hacia la Guardia Civil), aunque esta misma semana un juez de La Seu d'Urgell ha descartado un posible delito de odio de ocho maestros porque el cuerpo policial no es un colectivo "discriminado" ni "marginado". Pero durante el juicio se argumentó que algunos de estos jóvenes estaban en el movimiento contra la presencia de cuerpos policiales de Euskal Herria. Y este vínculo fue letal.
Un fenómeno con muchos paralelismos se ha dado en Catalunya con los Comités de Defensa de la República (CDR), a quien se ha intentado acusar de terrorismo por sus acciones de resistencia pacífica no violenta. Su caso también está en la Audiencia Nacional. Tamara Carrasco, acusada de ser una de las coordinadoras, sigue con medidas cautelares, sin poder salir de Viladecans. Adrià, el joven en busca y captura del CDR de Esplugues de Llobregat, se ha ido al exilio. La Fiscalía, que es la que pide el delito de terrorismo para los jóvenes de Altsasu, ha comparado los CDR con ETA, Tierra Libre e incluso el yihadismo.
Este sábado hay convocada en las calles de Pamplona una gran manifestación en solidaridad con los ocho de Altsasu, que se espera multitudinaria. Y contará con una fuerte presencia catalana, donde el caso se ha seguido de muy cerca por los paralelismos. En dirección a la capital navarra saldrán buses de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Vic, Manresa, Sabadell, Tortosa, Reus, La Seu d'Urgell, Cervera, Granollers...
Pero también ha habido movilización en el resto del Estado español. Saldrán decenas de buses desde prácticamente todas las principales ciudades del País Vasco, pero también desde otros lugares del Estado, como Madrid, Mérida o Miranda de Ebro. Aunque en algunos lugares con más intensidad, el precedente de Altsasu está bien presente por todas partes.
Como advierte el catedrático de derecho vasco Iñaki Lasagabaster entrevistado por El Nacional, estar vinculado a movimientos políticos pacíficos como los jóvenes de Altsasu "ni es odio ni tiene porque motivar el traslado a ningún sitio, a no ser que se busque un aviso de carácter político". El jurista advierte también que, después de este caso, "a cualquier conducta nuestra se le podría aplicar un delito de este tipo y gravedad".