El gobierno municipal de la Paeria de Lleida ha presentado una propuesta de ordenanza de civismo y convivencia que prevé, entre otros, prohibir el uso del velo integral en el espacio público y en las oficinas municipales, con multas previstas de entre 300 y 750 euros en caso de incumplimiento. La propuesta, sin embargo, no se plantea desde el punto de vista de la seguridad, sino "de un tema de derechos fundamentales" y del "derecho de las mujeres a poder decidir", ha explicado el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, este martes en rueda de prensa. Según la Paeria, la medida se acompaña de un plan que recoge actuaciones para evitar que las mujeres sufran una revictimización y, si se aprueba en el pleno municipal del mes de junio —el PSC gobierna en minoría—, sustituirá la actual ordenanza de civismo de 2007. La idea de prohibir el burka en la capital del Segrià no es nueva: el también alcalde socialista Àngel Ros (2004-2018) ya lo intentó, aunque el Tribunal Supremo tumbó la medida.
El gobierno municipal de Larrosa ahora lo vuelve a intentar, sin embargo, con un cambio de "enfoque" y con la intención de no "aislar" a las mujeres que llevan el velo integral "ni generar brecha social", ha señalado la teniente de alcaldía y concejala de Feminismo, Carme Valls. Por ello, el texto se acompaña de un plan de acciones socioeducativas "con el objetivo de que todas las mujeres puedan disfrutar de autonomía real, vínculos sociales y acceso pleno a los recursos", ha asegurado. La nueva propuesta de ordenanza municipal, además, prohíbe "llevar cualquier prenda de ropa vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos", pero que no se aplica "a los lugares de culto ni a los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental".
Todo ello, llega en medio del debate de la prohibición del burka tanto en el Parlament como en el Congreso de los Diputados. En la cámara catalana, los partidos rechazaron el pasado mes de marzo una moción presentada por el Partido Popular que planteaba prohibir, “con las reformas legales necesarias y por motivos de seguridad”, el uso del burka, el niqab y cualquier prenda de ropa islámica que oculte completamente el rostro en el espacio público y dentro de edificios públicos como centros educativos o sanitarios. Solo Vox y Aliança Catalana han votado a favor. Los populares habían acordado parte del redactado con Vox, un hecho que Junts utilizó como argumento para desmarcarse de la propuesta. Precisamente, Junts propuso una iniciativa similar en el Congreso la semana pasada para impedir que fuera la extrema derecha quien liderara este debate. Sin embargo, en Madrid también se acabó rechazando la proposición de ley solo con los votos afirmativos de los mismos juntaires.
La oposición, sorprendida por el anuncio de Larrosa
Los grupos en la oposición en la Paeria de Lleida han manifestado sorpresa por el anuncio de Larrosa de prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Algunos, como el PP y Junts, han coincidido en la necesidad de prohibir este tipo de vestimentas. Los populares han señalado que cuando dispongan del texto de la ordenanza, lo analizarán y lo estudiarán, mientras que los de Junts aseguran que siempre se han manifestado contra cualquier prenda que cubra el rostro, por “temas de seguridad”, y han recordado que hasta que no sea aprobada una ley superior, esta medida “no podrá tirar de su proposición. Otros como ERC han recordado que en su día, el alcalde Àngel Ros ya lo intentó, pero el Supremo lo anuló porque depende de la Ley española, y desde el Comú de Lleida han calificado de “irresponsable” centrar el debate en ello con la cantidad de problemas de civismo que tiene la ciudad.
Sanciones de hasta 3.000 euros por insultos racistas y machistas o conductas vejatorias
Las otras novedades de la ordenanza leridana son las sanciones que se prevén a las personas que soliciten servicios sexuales en el espacio público. En este sentido, la concejala de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, ha añadido que también se "reforzará" la derivación a servicios sociales de las mujeres "abocadas" al mundo de la prostitución. "Queremos tener una posición firme contra la explotación y mucha sensibilidad con las víctimas", ha remarcado antes de explicar que, en términos generales, la ordenanza ofrece "más protección ante insultos y discriminaciones y refuerza la lucha contra conductas racistas, xenófobas, machistas, aporofóbicas o LGTB-fóbicas".
El nuevo texto prevé tres niveles diferentes de sanciones. Por un lado, están las sanciones leves, con multas de entre 400 y 750 euros, que incluyen acciones como orinar o defecar en la vía pública, perturbar la tranquilidad del vecindario, hacer botellones, ir desnudo o con la cara tapada. En cuanto a las infracciones graves, entre 751 y 1500 euros, incluye, entre otras, la negociación o demanda de sexo en la calle, conductas sexistas, racistas, situaciones de acoso en la calle o la reventa de citas públicas. Y las infracciones muy graves, con multas que van de los 1.501 a los 3.000 euros, están los insultos racistas y machistas, conductas vejatorias, tener relaciones sexuales en la vía pública o actos vandálicos muy graves que perjudiquen o dañen el mobiliario urbano y espacios públicos.