El presidente Carles Puigdemont y los cuatro consellers en Bruselas podrían quedar inhabilitados para cargos públicos a finales de marzo, antes incluso de que haya juicio. Así lo adelanta El País, en base a fuentes jurídicas próximas al Tribunal Supremo. Es un supuesto contemplado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite adoptar la medida para aquellos que ocupan cargos públicos y siempre que se haya dictado un auto de procesamiento, el investigado se encuentre en prisión provisional (o haya una orden de prisión) e incurra en los delitos de terrorismo, banda criminal o rebelión.
Según las mismas fuentes, también podrían ser inhabilitados el vicepresident Oriol Junqueras y el diputado electo de JuntsxCat y ex presidente de la ANC Jordi Sànchez. Ambos se encuentran encarcelados, en Estremera y Soto del Real, respectivamente. Si la situación política no se estabiliza y desaparezca el "riesgo" de reiteración delictiva, no es previsible que salga de prisión ninguno de los presos.
Las fuentes del Tribunal Supremo aseguran que es "previsible" que en marzo todos ellos sean procesados por malversación, sedición y rebelión. Si no se hubiera desbloqueado la investidura, los consellers en esta situación no podrían aspirar a la investidura ni ser candidatos en unas eventuales nuevas elecciones.
Excepción legal
Gracias al delito de rebelión, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que sean inhabilitados. No hay que esperar al juicio ni que la sentencia -que se espera para finales de este año- sea firme.
Después de esta hipotética inhabilitación, Puigdemont podría recurrir a la sección del Tribunal Supremo que resuelve los recursos contra las decisiones del juez Pablo Llarena. En este momento, la causa de Llarena tiene 28 investigados. Los que no estuvieran en la cárcel ni tuvieran una orden de detención sí podrían mantener los cargos hasta que haya sentencia firme.
Según El País, con el auto de procesamiento firme, donde consten fundamentados los delitos que se les atribuye, el Supremo tiene intención de reactivar la orden europea de detención y entrega en España contra Puigdemont y los cuatro consellers en cualquier país.