Quedan pocos días para que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acuerde procesar por rebelión a los miembros del Govern de Carles Puigdemont, los Jordis, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, porque los considera el "núcleo duro" del proceso, según publica La Razón.
Llarena abrirá la causa a finales de marzo o principios de abril porque espera un informe de la Guardia Civil sobre el dinero público que se habría gastado el Govern para organizar el referéndum; entonces tendrá que esperar a que lo confirme la Sala de Apelaciones del Supremo para que empiece a contar el tiempo para que empiece el juicio.
El magistrado del Supremo quiere hacer sentar en el banquillo de los acusados a 18 personas, como los cuatro presos políticos, Puigdemont, los consellers en el exilio y, también, Santi Vila.
Inhabilitación 'ipso facto'
Ahora bien. La investigación a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel; a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; a la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras y a los exmiembros de la Mesa del Parlament, lo dejaría para una segunda fase. Mientras tanto, el expresidente Artur Mas quedaría impune por falta de indicios contra él.
Todos los procesados que estén encarcelados quedarían suspendidos inmediatamente y, por lo tanto, antes de que empiece el juicio ya no podrán ocupar ningún cargo público. Mientras tanto, si finalmente son condenados por rebelión, podrían llegar a cumplir hasta 30 años de prisión, aunque la ley establece que, para que sea así, se tienen que haber esgrimido armas.
Todavía no se sabe, sin embargo, como lo justificaría Llarena, porque según el Código Penal se puede acusar por este delito a aquellos que "se alcen violenta y públicamente" para, entre otros motivos, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".