Pablo Llarena dictará este miércoles una orden de detención nacional e internacional contra Anna Gabriel.

Después del anuncio de la exportavoz de la CUP de quedarse en Suiza y de no comparecer este miércoles como estaba previsto en el Tribunal Supremo, el caso contra el referéndum toma un nuevo giro y deja la pelota sobre el tejado del magistrado Pablo Llarena, que ya tiene 6 de sus investigados fuera del país.

La jugada de Gabriel hace un jaque mate al Supremo. Lo deja en una posición complicada ante decisiones complejas, a nivel jurídico, que puedan sacar adelante.

Ahora hay que esperar la reacción del Tribunal Supremo. La reacción de Pablo Llarena, que mañana ya no hará falta que espere sentado en el despacho a Gabriel, porque su abogado Benet Salellas, hoy ya le ha hecho llegar un escrito comunicándole la decisión. Con todo, Llarena no ha desconvocado la comparecencia y ayer se despidió de todos los abogados con un "hasta mañana".

Fiscalía y la acusación popular, VOX, sopesan pedir medidas cautelares, entre las que habrá la orden de detención. Y eso hará posicionar al magistrado hoy mismo. O al menos plantearse qué salida da al caso sin demorarlo demasiado.

Con esta situación sobre la mesa, Llarena pedirá la orden de detención nacional e internacional y después activará la orden de extradición.

Eso hará que Gabriel quede en la misma situación que Puigdemont. Es decir, sin pedir la extradición a Ginebra, pero controlando que en el momento que ponga un pie en territorio español, la detengan y la lleven directa al Supremo. La orden internacional también garantiza que si la Interpol intercepta a Gabriel, la entregue al juez suizo.

Eso mantendrá la situación en tablas hasta que el magistrado se decida a pedir la extradición a Suiza y a hacerlo con garantías para evitar que se la tumben. Porque sabiendo donde está Gabriel, tampoco es muy efectivo no pedir la extradición al país que toca, pero las complicaciones jurídicas para hacerla efectiva dejarían en un mal lugar a Llarena.

El convenio que regula este trámite policial y judicial es de 1882 y requiere una orden de prisión y que ninguno de los delitos sea político. Por eso Llarena lo tiene que tener muy bien ligado antes de dictarla. La extradición quedaría para más adelante, por lo tanto. Para cuando el magistrado haya valorado exactamente los delitos por los cuales acusa a la dirigente de la CUP, los enfrente a la legislación suiza y realmente tenga garantías de salir adelante.

Plazos

El momento sería justo en el momento de hacer el auto del juicio oral. Esta misma formula es la que se prevé que aplique en el caso de Puigdemont. Y eso puede pasar de aquí a un mes o de aquí a un año, en función de si el magistrado Llarena acepta que la causa sea compleja, tal como ha pedido la Fiscalía, y tenga un año más para acabar la instrucción.

Eso quiere decir que Puigdemont, los 4 consellers que están con él en Bruselas y Anna Gabriel tendrían un año de margen para preparar su defensa. Y que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart continuaran en la prisión todo este tiempo, porque todo hace prever que Llarena tiene la intención de dejarlos entre rejas hasta el juicio.

La jugada de Gabriel

La estrategia, similar a la de Puigdemont, no persigue otra cosa que "obstaculizar el proceso" —en palabras del abogado de Gabriel— que se ha arrancado desde el Tribunal Supremo y que acabará, todo hace pensar, en condenas de entre 4 y 6 años por un delito de sedición. El juicio se hará en el Supremo, donde no es posible presentar recurso, por lo tanto, la sentencia, una vez salga, será firme y de cumplimiento inmediato.

Por eso la estrategia de defensa de Gabriel es a largo plazo. No sólo pensada para evitar ahora una prisión provisional, sino para evitar un juicio que la CUP considera que es político y que no tiene base jurídica.

Y justamente por este motivo y porque el caso está ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base jurídica, una posible solicitud de extradición o de asistencia jurídica por parte de España sería probablemente rechazada por los tribunales de este país.