Pablo Llarena pensaba en 2012 que entre Catalunya y España debía arbitrarse "una solución esencialmente política". Llarena es ahora el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra los miembros del Gobierno y los Jordis. Entonces era presidente de la Audiencia de Barcelona, y decía que hay "sentimientos generalizados de la ciudadanía" catalana que piden respuesta política, según explicaba a El Mundo.

"No se puede pretender que toda la cuestión relativa a atribuir un espacio significativo a la individualidad catalana y toda la cuestión relativa a la integración de Catalunya en España se tenga que resolver judicialmente, porque no tiene que ser así," añadió Llarena al diarioo madrileño

El diario presentaba estas declaraciones con esta entrada: "Uno de los representantes de la Judicatura en Catalunya ha querido aportar su particular opinión al debate independentista". Llarenba sabía de què estaba hablando. La información la ha hecho correr este jueves David Fernández, el exdiputado de la CUP:

Llarena reafirmó que la respuesta al conflicto "tiene que ser política" y los que tienen que buscar los caminos de equilibrio y solución tienen que ser "los que llevan la gestión política en Catalunya y en el Estado". Y recordó que "los jueces no tienen ninguna capacidad ni ningún instrumento de solución".

El diario preguntó al juez su opinión "como jurista" sobre "un hipotético referéndum de independencia". La respuesta fue cautelosa y premonitoria: "A todo el mundo le gustaría saber qué piensan los jueces antes de que el juicio empiece. Desgraciadamente, los jueces no trabajamos así, no adelantamos nuestras soluciones o nuestras decisiones antes que haya juicio, las damos tras un análisis procesal de la cuestión".

Sobre la respuesta judicial a un referéndum, Llarena respondió como un juez, en línea recta: todo dependerá del ordenamiento jurídico vigente en el momento que se celebre y "de los términos de esta convocatoria, eso va a ser determinante".

La información del diario acaba regresando a la política: "El presidente de la Audiencia de Barcelona remarcó que 'en todo caso la respuesta de los tribunales a la cuestión concreta de la identidad catalana y de la integridad del Estado español no tiene una respuesta judicial sino política'".