Ni las cartas constaban a la causa del 1-O, ni el entonces fiscal general del Estado José Manuel Maza —muerteo en noviembre del 2017— las había incluido a la querella que presentó el 30 de octubre ante la Audiencia Nacional contra el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y su Gobierno, cuando consideró que habían cometido delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

El Ministeri d'Hisenda envió cuatro cartas entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre a Maza para mostrarle sus sospechas que el Gobierno había cometido algún delito relacionado con la malversación de las finanzas de la Generalitat, pero en ningún momento se han incluido estas cartas en ninguno de los sumarios abiertos para el 1-O. Pero el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en un intento de demostrar cómo fuera que el gobierno de Puigdemont sí que había cometido todos los delitos que él sostiene, envió miles y miles de páginas de documentación al tribunal de Slesvig-Holstein y, entre estas, las cartas del departamento de Montoro.

Así lo publica ElDiario.es, que recuerda que la querella de Maza se limitaba a indicar que el Gobierno tuvo observadores internacionales el 1-O fruto de los contactos del Diplocat, así como que el mismo Cristóbal Montoro negó que el 1-O hubiera malversación. De hecho, también lonegó el expresidente español Mariano Rajoy.

Puigdemont se ha lamentado de que "han violado el estado de derecho orquestando la causa contra el 1-O" y ha asegurado que "tendrán que responder ante la justicia europea por|para unas vulneraciones impropias de un país miembro de la UE".

El presidente en el exilio ha puesto encima de la mesa que "alguien dijo que el Estado estaba dispuesto a pagar el precio que fuera para parar el independentismo".