El Congreso de los diputados dará este martes el primer paso para frenar el calendario de implantación de la ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como la ley Wert. Eso será posible gracias a la admisión a trámite de una proposición de ley del PSOE y que previsiblemente contará con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el del PP.
Se trata de la primera reforma legislativa que intentará emprender el nuevo arco parlamentario en esta legislatura, y lo hará hundiendo uno de los 'pilares' que el PP puso en marcha durante los cuatro años anteriores de gobierno.
El Senado pondrá trabas
Aunque para poder tramitar la reforma sólo hace falta una mayoría absoluta al Congreso, el Senado podrá ralentizar su tramitación al máximo. Previsiblemente los populares, que cuentan con la mayoría absoluta del Senado, intentarán retrasar su tramitación, y, de hecho, disponen de dos meses para poder procesar la iniciativa.
En caso de ser rechazada en el Senado, esta normativa tendrá que volver al Congreso, donde sí podría tramitarse. Pero este calendario podría ser modificado si las Cortes se llegaran a disolver este mes de mayo ante la ausencia de gobierno español.
En todo caso desde julio de 2013 existe un compromiso parlamentario de parar la ley educativa popular una vez hubiera una mayoría suficiente en la cámara baja. Este pacto fue sellado por todas las formaciones políticas que entonces se encontraban en la oposición parlamentaria, excepto UPyD, Foro de Asturias y UPN, que no quisieron añadirse al compromiso.
De hecho, los partidos que han mostrado su firme disposición a derogar la LOMCE superan ya la mayoría absoluta necesaria en el Congreso, situada en los 176 escaños. Para modificar esta norma de rango orgánico, la ley Wert, alcanzan hasta 227 escaños. Todos los partidos políticos, menos el popular.
Suspender todas las normas en vigor
En concreto, la iniciativa que se debatirá el próximo martes forma parte de las primeras iniciativas que los socialistas presentaron a la cámara después de las elecciones, una proposición de ley que exige "la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de las normas dictadas en su desarrollo que no hubieran tenido todavía vigencia o aplicación efectiva".
Según remarca, se trata del "paso prioritario" para poder comenzar a reconstruir "un acuerdo común" entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para lograr un sistema educativo "estable y de calidad". En ella también se propone derogar el decreto de noviembre que regula las características generales de las pruebas de evaluación final de Primaria.
Igualmente, establece que el Gobierno deberá remitir a la cámara un proyecto de ley básica de educación, que suponga la derogación de la LOMCE, "tras llevar a cabo un proceso de diálogo con las administraciones, comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, dirigido a alcanzar el máximo consenso en un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora del sistema educativo".